Seis meses ha tardado desde su
toma de posesión: primera reunión del ministro de Justicia con los sindicatos
representativos (19 de junio de 2012), tanto tiempo y la intervención del
ministro no despeja las incertidumbres creadas pues solo adquiere algún compromiso
concreto, pero anuncia medidas muy preocupantes para EL PERSONAL y el servicio
público
Todo
lo demás es descorazonador
Mantiene
férreamente las reformas que suponen la privatización de la justicia y la
concesión de parte del Servicio Público a notarios, registradores y
procuradores y ante la crítica de CCOO, ante lo que según él, no se trata de
privatizaciones, sino de “aprovechar todo
el potencial de otros actores de la Admón. Justicia pues no todos los asuntos
tienen que terminar con una resolución judicial”.
Ante todo esto, el ministerio sólo ha sido capaz de comprometerse
con que no se producirán amortizaciones de aquellos puestos de trabajo que
tengan carácter estable (es decir, puestos cubiertos por titulares), aunque
para ello ha anunciado que piensan
acudir a mecanismos de movilidad funcional y geográfica, en el marco de lo que
define como “una mayor flexibilidad para la implantación de dichas reformas”
En la hoja informativa está toda la información