La infumable Ley de Tasas, la privatización de los Registros Civiles para entregárselos a los Registradores de la Propiedad, Registradores Mercantiles y Notarios, la privatización de la Ejecución para entregársela a los Procuradores, la reforma de la Ley de Planta que eliminará los Juzgados de Paz y Partidos Judiciales, y las última anunciadas de modificación de Las Leyes de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que prevé resoluciones extrajudiciales de conflictos, la de la Jurisdicción Voluntaria que traspasa competencias judiciales a los Notarios, no son más que el desmantelamiento injustificado del servicio público de la Admón. de Justicia, favoreciendo a los nuevos gestores privados, entregándoles en bandeja de plata los servicios públicos y castigando económicamente una vez tras otra a la ciudadanía.
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