M. P. / Agencias El consejero de la Presidencia, Guillermo Martínez, salió ayer de la Conferencia Sectorial de Justicia presa de "una profunda decepción" con el nuevo ministro del ramo, Rafael Catalá, por la ausencia del "compromiso firme" que reclama el Principado sobre la financiación de los sobrecostes que sufren los gobiernos autonómicos a causa de la financiación de la asistencia jurídica gratuita. El Gobierno regional entiende insuficiente el anuncio efectuado ayer por el nuevo titular del Ministerio a los representantes de las comunidades autónomas en relación con la presentación de una "posible enmienda en el Senado" a los Presupuestos Generales del Estado destinada supuestamente a estas cuestiones. Esas cuentas "no incluyen ni un solo euro" para la justicia gratuita, advirtió el consejero asturiano, y la enmienda prometida por Catalá para la próxima semana "no la hemos visto". "Ésta es la segunda reunión de la que salimos sin un compromiso efectivo", lamentó.
El representante del Principado resaltó que han pasado dos años sin noticias de la promesa del Ministerio de hacerse cargo del incremento en el coste de la asistencia jurídica gratuita, que en su momento se desprendió, recordó, de " un cambio en los baremos de la Ley de Tasas".
El Ministro anunció tras la reunión de ayer que la enmienda a los presupuestos será el mecanismo para asegurar la cofinanciación del servicio con las comunidades autónomas, aunque los representantes regionales, incluidos los de las comunidades gobernadas por el PP, reclamaron aclaraciones al Gobierno sobre los criterios por los que se regirá para sufragar el coste. El Principado, concretó Martínez, siempre ha reivindicado un modelo en el que la distribución se efectúe anualmente y aplicando un criterio ponderado que conjugue lo recaudado en cada territorio por tasas judiciales con el número potencial de beneficiarios del servicio.
Guillermo Martínez también se opuso ayer a la pretensión del Gobierno de que los registradores mercantiles asuman las funciones del Registro Civil y ha propuesto como alternativa que ese cometido pase "al cuerpo de secretarios". El consejero se felicitó, en cambio, por la retirada de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que habría supuesto la reducción a uno de los 18 partidos judiciales de la región y la supresión de sesenta juzgados de paz.
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