Más medios. Más jueces. Dedicación exclusiva a casos de corrupción. Supresión de aforamientos y límite a los indultos. Juzgados especializados en delincuencia económica a nivel autonómico y local. Son algunas de las 58 propuestas que los jueces decanos, reunidos este mes en unas Jornadas en Valencia, presentaron para la reforma del proceso penal y la lucha contra la corrupción. Dos días más tarde, del Consejo de Ministros salía un anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal que, como señalaba el nuevo ministro de Justicia, Rafael Catalá, pretende actualizar una norma de 1882 para "mejorar la agilidad y la eficacia del procedimiento procesal penal, atendiendo a la idea de que una Justicia tardía es una Justicia de peor calidad [...]" y que incluye medidas "en el contexto de las medidas de lucha contra la corrupción".
Artículo publicado en El Confidencial
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