Hace ya un tiempo, desde este BLOG y en nuestras hojas informativas, hicimos una campaña informativa sobre las filtraciones de Wikileaks acerca de las amenazas privatizadoras que se ocultaban tras las negociaciones del TTIP, el documento filtrado exhibía una lista exhaustiva de servicios en peligro de privatización. Entre ellos y en primer lugar, figuraban "los servicios de Justicia", utilizando su propio lenguaje.
Es habitual que cuando se habla de servicios públicos de manera general, no se nombre a La Justicia porque para la mayoría de la sociedad, no está considerada servicio público esencial, pero desgraciadamente para las decisiones que se toman contra los servicios públicos, de manera oculta la justicia forma parte del paquete, tal y como hemos podido comprobar y padecer en todo este periodo de recortes.
Hacemos este preámbulo, porque en el informe del que os vamos a informar, no se habla de Justicia, pero desde nuestra experiencia entendemos que estamos en el lote.
UN INFORME DEL Observatorio Corporativo europeo del que se hace eco el diario PÚBLICO denuncia la "confabulación secreta" entre las multinacionales y los negociadores de la Comisión, y alerta del peligro concreto que corren los servicios públicos si finalmente llega a ratificarse el acuerdo. El CEO cree que están "bajo la amenaza" de estas negociaciones comerciales, que el tratado pone en peligro la capacidad reguladora de los gobiernos, e incluso "los derechos de los ciudadanos de acceder a servicios públicos como el agua, la salud o la energía, en aras de los beneficios corporativos".
Los servicios públicos bajo ataque, el TTIP y el CETA ( acuerdo UE-Canadá) podrían, "en el peor de los escenarios", "bloquear los servicios públicos llevándolos a una comercialización de la que no podrán ser recuperados, sin importar cuán perjudicial resulte esto para el bien común". Entre estos servicios públicos se encontraría también la educación ya que, como recuerda Eberhart, la Comisión ha pedido "flexibilidad a los 28" para que puedan "abrir la educación a los mercados",
El informe es claro al respecto: TTIP y CETA pueden ser utilizados para limitar las capacidades gubernamentales de producir, distribuir o incentivar determinados tipos de energía, como las renovables, y la oferta de servicios en el CETA recoge que al menos 11 estados, entre ellos España y Alemania, ponen sobre la mesa de privatizaciones los servicios hospitalarios.
Pero Bruselas no admite que haya peligro, no reconoce riesgos: "En ningún momento las actuales negociaciones comerciales con EEUU (TTIP) pondrán en peligro los servicios públicos ni supondrán su privatización", asegura la web de la Comisión al respecto. La trampa está en que TTIP y CETA no necesariamente supondrán una privatización forzosa, sino que abrirán la puerta a que estas privatizaciones tengan lugar. Y uno de los elementos clave para lograrlo es la lista negativa: una enumeración de los servicios que no podrán ser privatizados. "Lo que quede fuera, será susceptible de serlo"
Los servicios públicos bajo ataque, el TTIP y el CETA ( acuerdo UE-Canadá) podrían, "en el peor de los escenarios", "bloquear los servicios públicos llevándolos a una comercialización de la que no podrán ser recuperados, sin importar cuán perjudicial resulte esto para el bien común". Entre estos servicios públicos se encontraría también la educación ya que, como recuerda Eberhart, la Comisión ha pedido "flexibilidad a los 28" para que puedan "abrir la educación a los mercados",
El informe es claro al respecto: TTIP y CETA pueden ser utilizados para limitar las capacidades gubernamentales de producir, distribuir o incentivar determinados tipos de energía, como las renovables, y la oferta de servicios en el CETA recoge que al menos 11 estados, entre ellos España y Alemania, ponen sobre la mesa de privatizaciones los servicios hospitalarios.
Pero Bruselas no admite que haya peligro, no reconoce riesgos: "En ningún momento las actuales negociaciones comerciales con EEUU (TTIP) pondrán en peligro los servicios públicos ni supondrán su privatización", asegura la web de la Comisión al respecto. La trampa está en que TTIP y CETA no necesariamente supondrán una privatización forzosa, sino que abrirán la puerta a que estas privatizaciones tengan lugar. Y uno de los elementos clave para lograrlo es la lista negativa: una enumeración de los servicios que no podrán ser privatizados. "Lo que quede fuera, será susceptible de serlo"
