Aprobada por el Ministerio de Justicia sin el acuerdo con ningún sindicato y sin la suficiente negociación la segunda fase de los Planes de Actuación para el Covid-19 que da continuidad a los criterios y retribuciones de la fase 1
- La discriminación en las retribuciones que se asignan a los jueces y las juezas respecto al resto de cuerpos es un gravísimo atentado a nuestra dignidad profesional
- Y la aprobación unilateral de este plan que afecta a nuestras condiciones de trabajo un gravísimo atentado al derecho a la negociación colectiva
CCOO denuncia que el Ministerio de Justicia no ha tenido ninguna voluntad de llegar a acuerdos con las organizaciones sindicales del sector y ha limitado las negociaciones a una sola reunión, que tuvo lugar el pasado 18 de enero, de una hora y media de duración, en la que solo se concedieron cinco minutos de palabra a las portavocías de los sindicatos para defender sus posiciones.
Una de las principales discrepancias de CCOO con la resolución ministerial se centra en la negativa de la administración a atender el retraso que, con motivo de la pandemia, se ha producido en todos los órdenes jurisdiccionales y otros servicios de la Administración de Justicia (Fiscalías, Institutos de Medicinal Legal, Registros Civiles o Instituto Nacional de Toxicología). El plan se limita a los órganos judiciales de lo Social, de lo Contencioso-Administrativo y de lo Mercantil mientras que, según los datos de CGPJ, durante la crisis sanitaria el retraso ha afectado en mayor medida a la jurisdicción Penal (con un aumento del 15,45% de los asuntos pendientes de resolución), seguida de Social (+14,16%), Civil (+8,77%), Mercantil (+5,17%) y Contencioso-Administrativo (+3,13%), además del extraordinario retraso existente en muchos Registros Civiles, especialmente en los expedientes de matrimonio y solicitudes de nacionalidad por residencia.
El retraso en la Administración de Justicia tiene, según el sindicato, un carácter estructural y no solo se debe a la paralización por la crisis sanitaria, por lo que CCOO ha reclamado la contratación de más personal, mientras que el Ministerio de Justicia ha optado fundamentalmente por incrementar las cargas de trabajo del personal existente en la actualidad y la retribución por el cumplimiento de determinados objetivos en la resolución de asuntos.
Pero esta retribución se ha fijado con criterios clasistas y discriminatorios, ya que supone para la Carrera Judicial unas cifras que oscilan entre 800 y los 2.000 euros mensuales, dependiendo del número de asuntos resueltos y de la población en que esté ubicado el órgano reforzado, mientras que para el resto de cuerpos funcionariales la retribución oscila entre 230 y 700 euros mensuales. En un mismo centro de trabajo jueces y juezas tendrán una retribución que cuadruplica la percibida por el Cuerpo de Letrados/as de la Administración de Justicia y multiplica por cinco o seis veces la que reciben el resto de cuerpos funcionariales de Gestión, Tramitación o Auxilio Judicial.
RETRIBUCIONES EN LOS PLANES DE AUTORREFUERZO (En euros mensuales)
| Carrera Judicial | LAJ | GPA y TPA | Auxilio Judicial | |
| MAXIMO | 1980 | 700 | 462 | 318 |
| MÍNIMO | 803 | 400 | 289 | 231 |
El Ministerio no ha aceptado ninguna de las propuestas de CCOO, como han sido:
- Extensión de los planes de actuación a la jurisdicción civil y penal, además de contencioso, social y mercantil y a los servicios no jurisdiccionales (Fiscalía, Registro Civil, IML, Servicios Comunes, INT y CF, personal laboral).
- Prioridad a los refuerzos externos con equipos de apoyo compuestos por 1 Juez/a, 1 LAJ, 2 GPA, 4 TPA, 1 AJ.
- Recogida de datos para determinar los centros de trabajo con más pendencia y poner en ellos las medidas de refuerzo sin que ello dependa de la solicitud del/la juez/a.
- Que las retribuciones se mejoren y se perciban por el trabajo realizado no por la consecución de objetivos.
CCOO considera esta situación un ataque a la dignidad de los derechos retributivos y profesionales del personal no judicial de esta administración y, por ello, ha efectuado un llamamiento a este colectivo para que no participe en estos planes de actuación y exige al Ministerio de Justicia la continuación de las negociaciones para alcanzar acuerdos que respeten las condiciones de trabajo de todo el personal de la Administración de Justicia y garanticen un servicio público eficaz y de calidad para toda la ciudadanía.
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