El alejamiento de las víctimas de la sede de los nuevos juzgados agrupados alcanzará en algunos casos distancias de más de cien kilómetros. El sindicato considera falso el argumento de que con ello se consigue una mayor especialización.
La apuesta de este gobierno y de la mayoría de los partidos políticos para mejorar la asistencia a las víctimas de la violencia de género es la de centralizar en unas pocas poblaciones de mediano y gran tamaño los juzgados con competencias exclusivas en esta materia. Para ello se argumenta una supuesta especialización de estos órganos judiciales, aunque sea a costa de alejar a las víctimas a varias decenas o centenares de kilómetros de sus sedes judiciales locales.
CCOO denuncia que esta supuesta especialización es pura ficción: no se exige formación o especialización previa a jueces, juezas, fiscales, médicos forenses ni al resto del personal de Psicología, Trabajo Social y del resto de cuerpos funcionariales que desempeñan su trabajo en los juzgados exclusivos de violencia de género. El acceso a estos juzgados se produce por simple concurso de traslado resuelto a favor de las personas solicitantes con mayor antigüedad.
Tampoco hay ninguna obligación de formar y especializar a este personal en materia de violencia de género una vez destinados a estos juzgados. Su especialmente gravosa y abundante carga de trabajo —sin que en la inmensa mayoría de los casos se acompañe de compensación económica— hace que no sean especialmente solicitados por el personal con mayor experiencia, que se traslada a otros destinos en cuanto puede hacerlo a través de un posterior concurso de traslado.
Se ha publicado recientemente en el BOE una modificación de la Ley de Demarcación y Planta Judicial que establece esta agrupación de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer (que entrará en vigor el 1 de enero de 2023, salvo en Toledo con fecha de efectividad por determinar) en los siguientes partidos judiciales:
- Juzgados de Violencia sobre la Mujer de Santa Cruz de Tenerife: Santa Cruz de Tenerife, San Cristóbal de la Laguna y Güimar.
- Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Arona: Arona y Granadilla de Abona.
- Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Toledo: Toledo, Illescas y Orgaz.
- Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Benidorm: Benidorm y Villajoyosa.
- Juzgados de Violencia sobre la Mujer de Alicante: Alicante y San Vicente del Raspeig.
- Juzgados de Violencia sobre la Mujer de Elche: Elche y Novelda.
- Juzgados de Violencia sobre la Mujer de Valencia: Valencia y Quart de Poblet.
- Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Alzira: Alzira, Carlet y Xátiva.
- Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Paterna: Paterna y Moncada.
- Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Sueca: Sueca y Catarroja.
- Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Torrent: Torrent y Picasent.
- Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Cáceres: Cáceres, Coria, Logrosán ,Navalmoral de la Mata, Plasencia, Trujillo y Valencia de Alcántara.
Es especialmente significativo y muy grave para las potenciales víctimas de violencia de género el caso de Cáceres, donde la jurisdicción se extiende a toda la provincia. Poblaciones, como Navalmoral de la Mata se encuentran a casi 150 km de la capital, lo que supone un viaje de 300 km de ida y vuelta que las víctimas tendrán que realizar para personarse en una nueva sede judicial, que hasta ahora se encontraba en su localidad de residencia.
Estas nuevas agrupaciones de Juzgados de Violencia sobre la Mujer se suman a las dos experiencias ya existentes en el Juzgado de Vila-real en Castellón (agrupando a Nules y Segorbe) y el Juzgado de Algeciras en Cádiz (agrupando a La Línea de la Concepción y San Roque), donde es fácilmente constatable que no se ha producido ninguna mejora en la atención a las víctimas. Más bien al contrario: la sobrecarga de trabajo producida en Vila-real y, muy especialmente, en Algeciras, sin la suficiente dotación ni especialización de los medios personales, solo ha servido para empeorar el servicio y deteriorar hasta extremos insoportables las condiciones laborales del personal que lo presta, que posiblemente abandone estos centros de trabajo en cuanto tenga ocasión para ello.
Frente a ello, el Gobierno y el Parlamento Autonómico de Aragón, con las mismas argumentaciones que defiende CCOO, rechazaron de plano y paralizaron la agrupación en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de Zaragoza de los partidos judiciales de Ejea de los Caballeros, La Almunia de Doña Godina y Tarazona.
Para CCOO, la mejora de la atención judicial a las víctimas de violencia de género pasa por compatibilizar la cercanía y la especialización de los órganos judiciales y su personal, objetivos fácilmente alcanzables con la aplicación de dos sencillas medidas.
La primera sería dar cumplimiento estricto a la medida número 10 de las establecidas en la Resolución de 28 de julio de 2021, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de julio de 2021, por el que se aprueba el Catálogo de Medidas Urgentes del Plan de Mejora y Modernización contra la Violencia de Género.
La medida mencionada establece la realización de una acción formativa conjunta de los ministerios de Interior, Justicia e Igualdad, con carácter anual, masiva y multidisciplinar, que tenga las características de curso reglado, certificado, obligatorio, dirigido a agentes de todos los cuerpos policiales, con especial atención a las unidades de Seguridad Ciudadana y al personal al servicio de la Administración de Justicia no limitado a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, singularmente en los órganos judiciales con competencias en materia de familia.
Esta acción formativa garantizaría la especialización del personal de justicia en esta materia, pero un año y medio después de su publicación el Ministerio de Justicia no la ha llevado a cabo a pesar de las reiteradas solicitudes de CCOO.
La segunda de las medidas que propone este sindicato es la de establecer un complemento retributivo específico en los puestos de trabajo que atienden a las víctimas de violencia de género (mujeres y menores), para la fidelización y permanencia en estos juzgados, tribunales y fiscalías del personal previamente formado y especializado.
CCOO asegura que con estas dos medidas deberían mantenerse los actuales juzgados con competencia en materia de violencia sobre la mujer en todos los partidos judiciales, atendiéndose así con cercanía, calidad y especialización a las víctimas. Estos objetivos no se están cumpliendo con la simple agrupación de partidos judiciales.
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