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La temporalidad abusiva en las Administraciones Públicas no puede seguir saliendo gratis


14 may 2026



La temporalidad abusiva en las Administraciones Públicas no puede seguir saliendo gratis

La reciente sentencia del Tribunal Supremo de 11 de mayo de 2026 (STS 475/2026), dictada por la Sala de lo Social, ratifica la fijeza si se ha superado un proceso selectivo, en la lucha contra el abuso de la contratación temporal en las Administraciones Públicas

Recordamos que la presente sentencia afecta exclusivamente al personal laboral que, mediante resolución judicial, ostenta la condición de indefinido no fijo. El sindicato precisa que esta figura jurídica no existe en el ámbito contencioso-administrativo, que regula al personal funcionario y estatutario

Madrid, 14 de mayo de 2026

El Área Pública de CCOO valora esta resolución como un movimiento importante que evidencia la presión ejercida por la jurisprudencia europea y por años de reivindicación sindical frente a un modelo de precariedad estructural instalado en el empleo público

Durante demasiado tiempo, miles de trabajadoras y trabajadores han sostenido servicios esenciales bajo contratos temporales fraudulentos, encadenando nombramientos y contratos durante años, e incluso décadas, sin que las Administraciones Públicas asumieran consecuencias reales por este abuso

La sentencia viene a reconocer una realidad que el sindicalismo lleva denunciando desde hace años: la temporalidad abusiva no es una anomalía puntual, sino un sistema de precarización que se ha institucionalizado por la desidia de las Administraciones Públicas

El punto de inflexión de esta nueva doctrina se encuentra en las resoluciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), la última de ellas del 14 de abril de 2026, que ha sido contundente respecto al modelo español del personal “indefinido no fijo”

Europa considera que esta figura sigue siendo temporal, algo que CCOO venía denunciado y, por tanto, insuficiente para sancionar el abuso cometido por las Administraciones Públicas

El TJUE ha reiterado además que existe fraude de ley incluso con un único contrato cuando su duración resulta desproporcionadamente larga

Asimismo, el tribunal europeo ha rechazado que la indemnización de 20 días por año trabajado al finalizar el contrato constituya una medida suficientemente disuasoria. En otras palabras: en opinión del TJUE, las Administraciones Públicas podían seguir abusando de la temporalidad porque las consecuencias económicas eran mínimas o asumibles, opinión que ha sido mantenida desde siempre por CCOO

A ello se suma la creciente presión de la Comisión Europea, que ha dado a España un ultimátum de dos meses para adaptar plenamente su normativa a la Directiva europea sobre empleo temporal. De no hacerlo, el Estado se enfrenta nuevamente a un procedimiento ante el TJUE y a posibles sanciones económicas

La STS 475/2026 analiza el caso de una trabajadora, personal laboral, que permaneció encadenando contratos temporales durante catorce años para atender necesidades estructurales de la Administración

El Tribunal Supremo reconoce finalmente su condición de trabajadora fija y no simplemente de indefinida no fija, siempre y cuando se haya superado un proceso selectivo, cumpliendo así con los principios constitucionales y con el TREBEP

La sentencia considera especialmente relevante que la trabajadora hubiera superado previamente un proceso selectivo para plazas fijas, aunque no obtuviera plaza en aquel momento, y que continuara desempeñando funciones permanentes mediante sucesivos contratos temporales

Para CCOO, este pronunciamiento supone un reconocimiento expreso de que las Administraciones no pueden utilizar la temporalidad para cubrir de manera indefinida puestos estructurales mientras ignoran los principios de estabilidad y dignidad laboral

Nueva doctrina: más protección y nuevas indemnizaciones

El Tribunal Supremo establece ahora una nueva doctrina que introduce importantes cambios

La fijeza no se reconoce automáticamente a todas las personas afectadas por abuso de temporalidad, pero sí podrá concederse cuando concurran varios elementos:

1. Haber superado un proceso selectivo para plazas fijas

2. Haber continuado prestando servicios mediante contratos temporales sucesivos

3. Existir una duración excesiva de la relación temporal, especialmente más allá de tres años en interinidad

Junto a ello, la gran novedad de la sentencia es la creación de una indemnización específica por abuso de temporalidad

Se configura así un sistema de doble compensación:

1. La Indemnización tradicional de 20 días por año trabajado al extinguirse el contrato

2. Una nueva indemnización por abuso, compatible incluso con la continuidad en el puesto de trabajo

Esta nueva compensación busca reparar tanto los daños materiales como los daños morales sufridos por las personas trabajadoras que han padecido años de incertidumbre, precariedad y vulneración de derechos

El Tribunal Supremo toma como referencia la LISOS (Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social), fijando cuantías que pueden oscilar entre los 1.000 y los 10.000 euros, e incluso superiores si se acreditan perjuicios mayores

Además, y un dato muy importante, se abre la puerta a sanciones administrativas contra las Administraciones empleadoras mediante actuaciones de la Inspección de Trabajo, reforzando así el carácter disuasorio exigido por Europa

CCOO: “La temporalidad abusiva no puede seguir saliendo gratis”

“Desde CCOO consideramos que esta sentencia representa un avance relevante, pero también insuficiente mientras no exista una reforma integral que garantice estabilidad real para el personal público en abuso de temporalidad”

Para el sindicato, no puede aceptarse que las Administraciones Públicas, que deben ser ejemplo de legalidad y respeto a los derechos laborales, hayan utilizado durante años mecanismos de contratación precaria para sostener servicios esenciales como la sanidad, la educación, los servicios sociales, la Administración de Justicia o la Administración general

Miles de trabajadoras y trabajadores han desarrollado su vida profesional en condiciones de absoluta inseguridad, sufriendo la incertidumbre permanente sobre su futuro laboral pese a desempeñar funciones estructurales y permanentes

No obstante, habrá que esperar qué decide la Sala de lo Contencioso Administrativo, que afecta al personal funcionario estatutario interino, que hasta ahora no se ha pronunciado y está siendo más conservadora en estos casos

CCOO seguirá defendiendo: el cumplimiento íntegro de la normativa europea; medidas verdaderamente disuasorias contra el abuso; procesos de estabilización justos y garantistas; el reconocimiento efectivo de derechos para el personal temporal en fraude de ley; y el fin de la precariedad estructural en el empleo público

Un aviso claro a las Administraciones

La STS 475/2026 evidencia que el modelo español de temporalidad masiva en el sector público ha entrado en crisis jurídica y política

El Tribunal Supremo intenta adaptar la doctrina nacional a las exigencias europeas y evitar nuevos choques con el TJUE, pero incluso el voto particular incluido en la sentencia advierte de que las nuevas medidas podrían seguir siendo insuficientes para garantizar la verdadera disuasión que exige la Unión Europea

Nos encontramos, por tanto, ante una resolución de enorme trascendencia que lanza un mensaje inequívoco: el abuso de la temporalidad ya no puede quedar impune

Desde CCOO continuaremos impulsando la defensa jurídica, sindical y social de todas las personas trabajadoras afectadas, exigiendo estabilidad, dignidad y empleo público de calidad

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CCOO pide prudencia tras el pronunciamiento del TJUE sobre el abuso de temporalidad en el sector público y reclama una respuesta legal efectiva


14 abr 2026



NOTA DE PRENSA

CCOO pide prudencia tras el pronunciamiento del TJUE sobre el abuso de temporalidad en el sector público y reclama una respuesta legal efectiva

La justicia europea vuelve a cuestionar que el ordenamiento español disponga de medidas realmente eficaces, disuasorias y proporcionadas frente al abuso en la contratación temporal

El Área Pública de CCOO considera que el pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el abuso de la temporalidad en el empleo público confirma, una vez más, una idea esencial: el ordenamiento jurídico español sigue sin ofrecer una respuesta suficientemente eficaz para prevenir y sancionar el abuso en la utilización de relaciones temporales en el sector público

“A la espera de un estudio en profundidad de la sentencia, que afecta directamente al personal laboral de las Administraciones Públicas y, sobre todo, de los posteriores pronunciamientos del Tribunal Supremo, una primera lectura del fallo permite extraer varias conclusiones relevantes”

En primer lugar, el TJUE reitera que corresponde a los órganos judiciales nacionales apreciar y declarar, en cada caso concreto, si ha existido abuso o fraude en la utilización de la temporalidad. No se trata, por tanto, de una declaración automática ni general, sino de una valoración que debe realizarse en sede judicial atendiendo a las circunstancias individuales de cada persona afectada

En segundo lugar, el tribunal europeo vuelve a poner el foco en la insuficiente trasposición al Derecho interno español de la Directiva 1999/70/CE y del Acuerdo Marco sobre trabajo de duración determinada, al considerar que las medidas existentes no garantizan una respuesta real frente al abuso. No basta con medidas formales o genéricas: deben existir instrumentos efectivos, disuasorios y proporcionados

Asimismo, el TJUE insiste en que los procesos de estabilización, aun siendo legítimos como vía de ordenación del empleo público, no constituyen por sí mismos una sanción adecuada frente al abuso. Y no lo son porque se trata de procedimientos abiertos, sometidos a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, en los que puede concurrir cualquier aspirante, haya sufrido o no abuso en la temporalidad. Por ello, esos procesos no reparan por sí solos la situación padecida por la persona temporal abusada

Del mismo modo, vuelve a quedar en entredicho la insuficiencia de la indemnización tasada de 20 días por año con el límite de una anualidad, al no incorporar un verdadero elemento sancionador vinculado específicamente al abuso producido. Reitera el TJUE, así como lo hizo el Comité Europeo de Derechos Sociales interpretando la carta social europea, que el régimen indemnizatorio por despido en España no es suficientemente disuasorio ni reparador. También se cuestiona la eficacia del régimen de responsabilidades previsto para las Administraciones Públicas, por su carácter ambiguo, abstracto y poco previsible

Ahora bien, para CCOO conviene subrayar con claridad “que el TJUE no impone de forma automática la fijeza como solución general ni afirma que esa sea la única respuesta posible. La conversión en fijo aparece en la jurisprudencia europea como una posibilidad a valorar cuando no existan en el ordenamiento interno otras medidas adecuadas para sancionar el abuso, pero no como una declaración directa e inmediata aplicable sin más”. En este sentido desde CCOO hemos trasladado una propuesta de reforma del despido a la mesa del Diálogo Social que debe acabar con los sistemas de abuso de la temporalidad y modificar el régimen indemnizatorio

“Por eso, desde CCOO insistimos en la necesidad de actuar con rigor y sin precipitación. Habrá que esperar al estudio pormenorizado de la sentencia y, especialmente, a cómo la interpreten y apliquen tanto el Tribunal Supremo como los restantes órganos judiciales. Será esa doctrina la que determine el alcance real del pronunciamiento europeo dentro del marco constitucional y legal español”

CCOO mantiene que la solución de fondo exige una reforma normativa clara, que adapte plenamente nuestro sistema a las exigencias del Derecho de la Unión Europea, dote de seguridad jurídica a las personas afectadas y evite que la temporalidad abusiva siga resolviéndose a golpe de litigio

Mientras tanto, el sindicato afirma que seguirá vigilante en los procesos de estabilización en curso, defendiendo los derechos del personal temporal y ofreciendo atención jurídica a quienes, de forma individual, decidan ejercitar acciones judiciales en defensa de sus intereses

Para CCOO, la sentencia europea vuelve a dejar una conclusión difícil de discutir: las medidas actualmente existentes en España no han sido consideradas suficientes para prevenir ni sancionar adecuadamente el abuso de la temporalidad en el sector público. Lo que queda ahora por resolver es cómo debe traducirse eso, en la práctica, en nuestro ordenamiento jurídico
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Nota de Prensa: CCOO y UGT esperan que próximamente se acuerde la jubilación parcial en el sector público


20 mar 2026



CCOO y UGT esperan que próximamente se acuerde la jubilación parcial en el sector público

Ambos sindicatos recuerdan que si bien está cerca la jubilación parcial del personal laboral, está pendiente su implantación para el personal funcionario y estatutario

Madrid, 19 de marzo de 2026

Ante las noticias que están publicando en medios de comunicación sobre la jubilación parcial anticipada del personal laboral en el sector público, desde el Área Pública de CCOO y la Federación de Servicios Públicos de UGT comunican que desde la publicación del RDL 11/2024 para la mejora de la compatibilidad de la pensión de jubilación con el trabajo, las dos organizaciones han trabajando denodadamente para lograr una solución

UGT y CCOO esperan que el Gobierno contemple la singularidad del sector público, que se recupere la inmediatez de la jubilación vinculada a una plaza en la Oferta de Empleo Público y se acote la interinidad en este periodo, garantizando a su vez la adecuación a la nueva regulación de la jubilación parcial y la mejora de calidad del empleo que la define

Además, los sindicatos recuerdan que está pendiente la implantación de la jubilación parcial anticipada del personal funcionario y estatutario

CCOO y UGT esperan que “en breve se pueda alcanzar un acuerdo y por fin se dé una solución sobre la jubilación parcial en el sector público, como se tiene en el sector privado”

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Avances hacia la jornada de 35 horas


28 ene 2026



CCOO consigue un paso más para la implantación de la jornada de la jornada de 35 horas en la Administración General del Estado que es de aplicación directa a la Administración de Justicia

Se convocarán en breve las mesas correspondientes para modificar la resolución que regula la instrucción de jornada y horarios

CCOO y UGT nos hemos reunido hoy con el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública en la comisión de seguimiento del Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, para culminar las materias pendientes de ese documento, como la implantación de la jornada semanal de 35 horas en la Administración General del Estado, el teletrabajo, la clasificación profesional y la recuperación de la jubilación parcial del personal laboral

Función Pública ha garantizado que sigue intacto el compromiso de implantar la jornada de 35 horas y que en breve se convocarán las mesas de negociación correspondientes con el fin de modificar la resolución que regula la instrucción de jornada y horarios. También ha aseverado que se cumplirán los plazos acordados

Respecto a la reunión de la semana anterior, Función Pública, que ha dicho compartir la necesidad de recuperar la jubilación anticipada parcial del personal laboral, ha accedido a buscar el instrumento normativo adecuado que así lo garantice

No obstante, desde CCOO exigimos la recuperación inmediata y la implantación para el personal funcionario y haremos un llamamiento al Gobierno de España, así como a los grupos parlamentarios, para que actúen con responsabilidad y zanjen definitivamente un problema que está afectando a miles de empleadas y empleados públicos, a quienes se les está negando un derecho, tanto en el terreno laboral, como en el funcionarial y estatutario

Asimismo, para ambas organizaciones, una vez firmado el pasado día 26 el acuerdo para poner en marcha el anteproyecto de ley de Estatuto Marco Sanitario, es urgente concluir, también en el ámbito de la función pública, los compromisos de clasificación profesional de personal técnico superior y medio, un asunto recogido también en el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, algo que comparte Función Pública
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CCOO y UGT exigen garantías al Gobierno para la implantación de las 35 horas en la AGE y la jubilación parcial


22 ene 2026



El Área Pública de CCOO y UGT Servicios Públicos han exigido al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública garantías para la implantación de la jornada de 35 horas en la Administración General del Estado (AGE) el próximo mes de febrero o principios de marzo, así como la recuperación de la jubilación parcial tal y como está comprometido

UGT y CCOO salen muy decepcionadas con la reunión en la que el Gobierno nos ha trasladado que lo idóneo para ellos es esperar a los Presupuestos Generales del Estado de 2026 e implantar así la jornada de 35 horas en la AGE con rango de Ley, lo que retrasaría su implantación, por lo que hemos expresado nuestra discrepancia

Respecto a la jubilación parcial del personal laboral, el compromiso era recuperarla antes de finales de 2025 -tras haber sido suspendida desde el 1 de abril-. Se trata de un asunto prioritario para ambas organizaciones y vital para poder continuar en la buena línea de negociación que se ha abierto con el nuevo equipo de Función Pública

En cuanto a la jubilación parcial del personal funcionario y estatuario, al igual que la clasificación profesional, son compromisos incumplidos del Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, cuya vigencia expiró en diciembre de 2024, y que resulta igualmente perentorio cerrar

Esperamos que, en la próxima reunión, que será el miércoles 28 de enero, tengamos certezas y avances. De lo contrario, nos reservamos la posibilidad de emprender las acciones que consideremos oportunas para llevar a buen término estas materias del todo imprescindibles
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El Área Pública de CCOO celebra el Día Mundial de los Servicios Públicos


23 jun 2025


 


Como cada año, el Área Pública de CCOO celebra el 23 de junio, Día Mundial de los Servicios Públicos, con la convicción de que su defensa, mejora y extensión a cada vez más ámbitos de la sociedad es garantía de igualdad de oportunidades, de solidaridad, de una sociedad más sana, formada y participativa y, en definitiva, de lo que hemos venido a denominar el estado del bienestar

Todo lo contrario es lo que defienden las políticas neoliberales, que contribuyen, con su ideología individualista, a ampliar las desigualdades y las diferencias de clase, deteriorando la democracia y la necesaria convivencia de país

En todo caso, ahora y en el futuro, los servicios públicos son una conquista colectiva a la que CCOO nunca renunciará

Nuestro sindicato reconoce y se reconoce en la defensa de quienes hacen posible el funcionamiento de los servicios públicos, que no son otros que las empleadas y empleados. Sin ellos y ellas, sin nosotros y nosotras, no es posible hablar de democracia ni de una sociedad igualitaria que demanda la ciudadanía
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CCOO exige al ministro Iceta convocar la Mesa de Negociación para acabar con la precariedad en las administraciones públicas


19 mar 2021


El sindicato insta al titular de Política Territorial y Función Pública a dejar de lado los anuncios vacíos y a poner fecha definitiva para retomar la vía del diálogo que permita hacer frente a las necesidades más acuciantes de las empleadas y los empleados públicos.

Desde hace más de una década se han venido denunciando los incumplimientos reiterados del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) y no pocas son las materias pendientes de su desarrollo o actualización, entre ellas, la falta de carrera profesional, la revisión de los sistemas de acceso, la actualización de los sistemas de clasificación profesional o la provisión de puestos de trabajo.

No obstante, cabe destacar los relacionados con el empleo público, donde la situación más alarmante es, sin duda, la precariedad laboral en sus respectivas formas, como son la alta tasa de provisionalidad, temporalidad o situaciones de discriminación entre los distintos colectivos que conviven en la función pública.

Por ello, hemos insistido en reiteradas ocasiones al Gobierno que convoque de manera urgente la Mesa de Negociación para llevar a cabo la transposición al Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP) de la Directiva 1999/70/CE, del Consejo de Europa, de 28 de junio de 1999, para acabar con la discriminación entre personal fijo y temporal en las condiciones de trabajo, y contemple las medidas sancionadoras que eviten el fraude y abuso en la contratación, que en ningún caso debe pasar por penalizar al personal, sino que han de recaer con la mayor contundencia posible sobre los incumplidores de la norma, esto es, responsables políticos y gestores de los recursos humanos.

Para el Área Pública de CCOO resulta urgente iniciar la negociación de un nuevo Acuerdo en la función pública que garantice el poder adquisitivo de las empleadas y empleados públicos y que ponga las bases necesarias para acometer los planes de empleo público imprescindibles para, por un lado, asumir el compromiso de mejora de los servicios públicos, acabar con la lacra de la temporalidad, dar estabilidad a las plantillas y evitar cualquiera iniciativa encaminada a su privatización; y, por otro lado, lograr la mejora, incremento y rejuvenecimiento de las plantillas, así como la adaptación y necesario impulso a la formación y cualificación de las y los empleados públicos, ante los imprescindibles  procesos de digitalización y modernización de las administraciones públicas que se están produciendo.

Para ello resulta imprescindible convocar en este año todas las ofertas de empleo público pendientes, así como los correspondientes procesos de estabilización y consolidación, la eliminación de la tasa de reposición como referencia para la limitación del número de plazas de las Ofertas de Empleo Público, así como situar la temporalidad por debajo del 8% en todas las administraciones y el sector público, dando así cumplimiento íntegro a los acuerdos suscritos en 2017 y 2018.

Se deberán incluir al menos todas las plazas que lleven más de tres años, y para ello resulta necesario adecuar y actualizar la fecha de la disposición transitoria cuarta del EBEP del 1 de enero de 2005, debiendo decir 1 de enero de 2021.

Los procesos de consolidación y estabilización deben llevarse a cabo con la mayor seguridad jurídica posible, dentro de los marcos legales establecidos y reconociéndose al máximo la experiencia profesional del personal interino o temporal, atendiendo su situación y estableciendo sistemas encaminados a la consolidación del empleo.

Instamos al ministro a que deje de hacer público que convocará a los sindicatos y que ponga una fecha definitiva a la Mesa de Negociación.

Son muchos los temas pendientes y que deben formar parte de un nuevo acuerdo, con vigencia de legislatura 2021-2023, donde igualmente se deberá abordar la revisión del EBEP, fundamentalmente en las materias reseñadas y que están pendientes de su desarrollo o actualización, como son la estabilidad en el empleo, rejuvenecimiento de plantillas, causalización de la contratación, transposición de la directiva 1999/70 o, no menos importante, las retribuciones, la carrera profesional, la cualificación profesional, la revisión de los sistemas de acceso, la promoción interna o la provisión de puestos de trabajo.



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Función Pública desprecia el diálogo social. CCOO exige un incremento de las plantillas y un nuevo Acuerdo para las empleadas y los empleados públicos


26 oct 2020


 


26 de octubre: Mesa General de las y los empleados públicos

Nota de Prensa del Área Pública de CCOO

Función Pública desprecia el diálogo social

CCOO exige un incremento de las plantillas y un nuevo Acuerdo para las empleadas y los empleados públicos

En la Mesa General de las Administraciones Públicas, celebrada en la tarde de hoy, el secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública dice estar comprometido con el diálogo social y, acto seguido, anuncia las medidas tomadas de manera unilateral sin negociación alguna: la subida salarial del 0,9% y la misma tasa de reposición existente en los PGE 2018 para las administraciones cumplidoras con la regla de gasto: 100%, 110% para Sanidad, Educación, otros servicios prioritarios y determinados puestos de las corporaciones locales, y 115% para Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

El sindicato ha denunciado la falta total de interlocución y la imposición de las cuestiones relativas a los sectores públicos en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021, haciendo de la Mesa General un simple trámite previo a la aprobación por el Consejo de Ministros

Igualmente, denuncia el incumplimiento, por parte de todas las administraciones, AGE, CC. AA. y FEMP, del I y II acuerdo para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo. Por ello, CCOO ha demandado que se cumplan íntegramente los compromisos y ha reclamado el inicio inmediato de las negociaciones para un III Acuerdo

En este sentido deben incluirse en los PGE 2021 la recuperación del empleo público, la eliminación de la tasa de reposición, los incrementos de las plantillas (entre un 20% y un 33% de los servicios prioritarios y esenciales) y los incrementos retributivos de al menos un 8% en tres años. Además, se debe acabar con la lacra que supone la temporalidad en el ámbito de las administraciones públicas

CCOO ha recordado que se ha dirigido de manera constante, desde el inicio de la legislatura, al Ministerio de Política Territorial y Función Pública poniendo de manifiesto la situación de los acuerdos, reclamando la negociación de un nuevo acuerdo de legislatura y haciendo llegar las propuestas del sindicato al respecto. Estas giran en torno a 3 ejes: 

• Compromiso en la mejora y defensa de los servicios públicos como garantía para los derechos de la ciudadanía. Es indiscutible su papel protagonista en la reconstrucción del país

• Recuperación de los derechos arrebatados a las empleadas y empleados públicos, y mejora de sus condiciones laborales

• Aumento del gasto público en los servicios esenciales para la ciudadanía, que permita inversiones en materia de logística e infraestructura, cohesión social y territorial, y una mayor apuesta por la inversión en I+D+i, digitalización, formación y cualificación

Además, el sindicato considera necesario tratar de forma prioritaria las siguientes materias:

- Empleo, estabilización y consolidación, para conseguir la reducción de la temporalidad definitivamente por debajo del 8%. Son necesarias modificaciones en el EBEP y en Estatuto Marco para causalizar la contratación, establecer un régimen sancionador a las administraciones públicas que incumplan, e implantar medidas que repercutan de forma inmediata para eliminar la precariedad laboral. Es inaceptable que, ya antes del inicio de la pandemia, el porcentaje de temporalidad siguiera por encima del 24% y que, de las 380.288 plazas publicadas desde 2017, un 66,81% estén sin convocar sumado a un 17,39% ya convocadas sin ejecutar, a lo que habría que añadir las plazas que ni siquiera se han negociado o publicado

- Jornada laboral, haciendo real y efectiva la jornada de 35 horas para todos los sectores

- Clasificación profesional y culminación de la disposición transitoria tercera del EBEP

- Carrera profesional

- Clases pasivas, para la mejora de las bases de cotización a partir del grupo A2

- Planes de igualdad y protocolos de acoso

- Procesos de digitalización en las administraciones públicas

- Formación

- Salud laboral y prevención de riesgos laborales

- Desarrollo del EBEP. Ley AGE y leyes CC. AA.

A pesar del desprecio a la negociación demostrada en la Mesa General, CCOO está dispuesta a abordar y negociar todas estas materias. No obstante, exige el establecimiento urgente de un calendario y del inicio de las negociaciones. De forma inmediata se debe incluir en los PGE lo antes planteado en relación con el aumento de las plantillas, el incremento retributivo y la eliminación de cualquier limitación en la tasa de reposición

De no cumplir las diferentes administraciones los acuerdos y no iniciarse los procesos de negociación comprometidos, CCOO anuncia que habrá continuas movilizaciones

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CCOO insiste al Gobierno en la prioridad de eliminar la precariedad en el empleo público y seguir recuperando poder adquisitivo


29 ene 2020



El Área Pública de CCOO insiste al Gobierno en la prioridad de eliminar la precariedad en el empleo público y seguir recuperando poder adquisitivo

Exige también mayor compromiso de las Administraciones Públicas para la consolidación y estabilización de los puestos de trabajo.

Desde CCOO hemos vuelto a reivindicar al nuevo Gobierno la necesidad de un III Acuerdo para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo, para las empleadas y empleados públicos, que, además de las reivindicaciones retributivas, fije como prioridad tener empleos con derechos y cumplir con el compromiso de rebajar la temporalidad al 8%.

Para ello, desde CCOO proponemos varias medidas:

En primer lugar, eliminar la tasa de reposición, que ahora mismo es uno de los principales escollos para rebajar la temporalidad al 8%. La recuperación del empleo perdido, por los recortes durante el período de crisis, y la reversión de las consecuencias del bloqueo de las Ofertas de Empleo Público deben ser objetivos prioritarios.

En segundo lugar, insistimos en la necesidad de un cambio normativo, así como el desarrollo del EBEP (Estatuto Básico del Empleado Público), que favorezca la movilidad, la carrera profesional o el derecho a la promoción, entre otros, así como establecer la causalización en la contratación y establecer medidas disuasorias que eviten el fraude o abuso en la contratación temporal. Igualmente se debe fijar como obligación la convocatoria de las Ofertas Públicas de Empleo con carácter anual, que contemple especialmente las plazas vacantes ocupadas por personal temporal.

Asimismo, de manera prioritaria, desde el sindicato exigimos incluir medidas sancionadoras a las administraciones y gestores públicos que incumplan o abusen de la temporalidad, hagan mal uso de las distintas modalidades de contratación o no convoquen las plazas en las OEP del año inmediatamente posterior a su cobertura de manera temporal.

El cambio normativo debe preservar los derechos de las trabajadoras y los trabajadores temporales de los sectores públicos, incluidos el personal estatutario e interino, sin que se produzca ninguna discriminación respecto al personal fijo.

CCOO considera que, a pesar de la jurisprudencia y normativa vigente, actualmente no prevé indemnizaciones para el personal funcionario interino y para el personal estatutario, que deben establecerse por normativa básica medidas que salvaguarden los derechos de estos colectivos, al igual que existen para el personal laboral.
Por último, desde el Área Pública de CCOO exigimos un mayor compromiso de las Administraciones Públicas para llevar a buen término los procesos de consolidación y estabilización en el empleo, única garantía para que el personal temporal pueda adquirir la fijeza.
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Referencia Consejo de Ministros de 21 de enero de 2020: el gobierno aprueba el incremento salarial de las y los empleados públicos para 2020


21 ene 2020


REFERENCIA CONSEJO DE MINISTROS DEL 21 DE ENERO DE 2020: EL GOBIERNO APRUEBA EL INCREMENTO SALARIAL DE LAS Y LOS EMPLEADOS PÚBLICOS PARA 2020


Como hemos informado, el Consejo de Ministros de hoy, 21 de enero de 2020, ha aprobado el incremento retributivo de las y los empleados públicos en el 2% en todos los conceptos, con efectos de 1 de enero de 2020. Adjuntamos enlace a la página web del Gobierno:

Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

Esta es la reseña completa de la web del Gobierno sobre este Real Decreto Ley:

Política Territorial y Función Pública

LAS RETRIBUCIONES DE LAS EMPLEADAS Y DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS CRECERÁN EL 2% EN 2020
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley sobre incremento retributivo del sector público en 2020, en consonancia con los compromisos asumidos con los sindicatos en materia de función pública.
El Gobierno garantiza, con la aprobación del Real Decreto-ley, que el incremento se hace efectivo desde el 1 de enero de 2020. La subida salarial se aplica a las empleadas y empleados públicos de las administraciones estatal, autonómica y local, y también al sector público empresarial, lo que representa que se van a incrementar las retribuciones de más de 2,5 millones de empleados públicos.
Con la subida salarial aprobada por el Consejo de Ministros se reconoce la dedicación, esfuerzo y profesionalidad de quienes se dedican al servicio público. El Gobierno cumple así el compromiso contraído con los sindicatos para mejorar sus condiciones retributivas desde el primer día de 2020.
Incremento de las retribuciones
El incremento de las retribuciones para 2020 establece las siguientes previsiones:
  • Un incremento fijo del 2% de las retribuciones de las empleadas y los empleados públicos con efectos 1 de enero.
  • Un incremento variable, en función del crecimiento del PIB de 2019.
En el caso de la retribución variable del 1% para un crecimiento del PIB igual o superior al 2,5%, el porcentaje de retribución variable disminuirá proporcionalmente a la reducción que se produzca sobre dicho 2,5% (los porcentajes variables según el crecimiento del PIB quedan reflejados en la tabla resumen de incrementos).
RESUMEN INCREMENTOS RETRIBUTIVOS FIJOS Y VARIABLES 2020
FIJO2%
PIB 2,1 en 20190,20%
PIB 2,2 en 20190,40%
PIB 2,3 en 20190,60%
PIB 2,4 en 20190,80%
PIB 2,5 o superior en 20191%
Al margen de las cuantías establecidas anteriormente, se podrá autorizar un incremento de la masa salarial del 0,30%, como fondos adicionales para la implantación de planes o proyectos de mejora de la productividad o la eficiencia, entre otras medidas, previa negociación colectiva.
El coste del Real Decreto-ley, se calcula que ascenderá a 3.212 millones de euros.

Además, el consejo de ministros de hoy ha aprobado:


Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Justicia

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CCOO saluda la aprobación de la subida salarial para las empleadas y empleados públicos y solicita retomar cuanto antes las tareas pendientes





CCOO saluda la aprobación de la subida salarial para las empleadas y empleados públicos y solicita retomar cuanto antes las tareas pendientes

La insistencia del sindicato ha dado su fruto y los más de 3.200.000 empleadas y empleados públicos ya no tendremos que esperar más la subida salarial pactada

Es de una tremenda hipocresía que organizaciones sindicales, que forman parte de la mesa general de las y los empleados públicos como ELA y CIG, y otras que carecen de representación en dicha mesa, como USO, LAB o STAJ (éste último calificó el acuerdo como raquítico), pretendan erigirse en impulsores y defensores de un acuerdo que siempre criticaron, y que solo conseguimos por el empeño de CCOO, como sindicato mayoritario, y UGT y CSIF

El Área Pública de CCOO, sindicato mayoritario en las Administraciones Públicas, se ha movilizado desde mucho antes de la constitución del nuevo Ejecutivo para que esta subida salarial, del 2% más 0,3% de fondos adicionales (recordamos que la inflación en 2019 fue del 0,8%), fuera garantizada y ejecutada de forma inmediata. Concretamente la semana pasada, además, el sindicato remitió una carta a la nueva Ministra de Política Territorial y Función Pública exponiendo la necesidad y urgencia de que se aceleraran los trámites para aprobar los incrementos salariales

Finalmente el nuevo Gobierno ha cumplido con su compromiso, priorizando esta medida y anunciando su aprobación en el Consejo de Ministros y Ministras con intención de hacerla efectiva inmediatamente, con efectos retroactivos desde el 1 de enero

CCOO valora positivamente el reconocimiento explícito del gobierno a las empleadas y empleados públicos y su apuesta por reforzar y garantizar los servicios públicos

El sindicato espera que el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, tal y como hemos solicitado, acelere igualmente la reactivación de las mesas de negociación y los grupos de trabajo para avanzar en la recuperación de los derechos arrebatados y el fortalecimiento de los servicios públicos
Para el Área Pública de CCOO las prioridades que venimos demandando en estos últimos meses son:
  • El impulso de las ofertas de empleo público y de los procesos de estabilización y consolidación, para cumplir definitivamente el objetivo de reducción de la temporalidad a menos del 8%. La recuperación del empleo público perdido y acometer las medidas necesarias para abordar el rejuvenecimiento de las plantillas pasa también por la eliminación de cualquier limitación en la tasa de reposición
  • El establecimiento de la carrera profesional
  • Los planes de igualdad
  • El establecimiento de un calendario de trabajo para la negociación del III Acuerdo para la Mejora del Empleo Público y las Condiciones de trabajo
  • El trabajo específico para este III Acuerdo para la Mejora del Empleo Público y las Condiciones de Trabajo debe ir acompañado de las reformas normativas necesarias y del Desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) en el acceso al empleo público, OEP, formación, clasificación profesional y culminación de la disposición transitoria tercera, entre otras cuestiones
CCOO seguirá defendiendo los derechos de todas las trabajadoras y trabajadores de los servicios públicos y liderando la negociación colectiva
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