El Área Pública de CCOO le ha enviado un escrito a la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, en la que piden una reunión de la Comisión de Seguimiento del II Acuerdo para la mejora del empleo público antes de que finalice el año, tal y como estaba comprometida.
El objetivo principal es que el Gobierno cierre definitivamente el incremento salarial para 2019 de las empleadas y empleados públicos, acordado en una parte fija del 2,25% y una variable del 0,25%, además de fondos adicionales. En repetidas ocasiones el Gobierno ha afirmado que el incremento salarial se aprobaría bien en los Presupuestos General del Estado 2019 o bien a través de real decreto ley si los Presupuestos no estaban aprobados a final de año.
Asimismo CCOO quiere tratar con el Gobierno la traslación de la nueva previsión de crecimiento económico al Acuerdo para la mejora del empleo público. El Gobierno modificó está previsión del 2,5 al 2,3% y el sindicato quiere que se refleje en el acuerdo para garantizar la misma intencionalidad de subida variable (0,25%) a partir del 1 de julio. Asimismo CCOO considera que es necesario tratar los problemas que están surgiendo respecto al reparto de fondos adicionales. Desde el Área Pública de CCOO ya les han trasladado el malestar respecto a la burda interpretación que se está haciendo en algunas Administraciones, especialmente en el ámbito local, sobre el “se podrá” destinar fondos adicionales, traduciéndolo directamente a eliminar la dotación de fondos adicionales.
Además, el II Acuerdo para la mejora del empleo público recoge solo la tasa de reposición para el ejercicio presupuestario 2018, estando pendiente de negociar el correspondiente al año 2019.
De la misma manera, y como ya recogió a través de enmiendas a los PGE 2018 el Grupo Parlamentario Socialista, CCOO propone la desvinculación de la negociación sobre jornada laboral del cumplimiento de los objetivos en materia de estabilidad presupuestaria, deuda pública y regla de gasto.
Igualmente el sindicato sigue insistiendo en dar una respuesta, por un lado, al personal del Servicio Exterior, donde se sigue acumulando una deuda de más de 10 años de recuperación de poder adquisitivo, además de incidir en la necesidad de convocar la mesa de negociación. Y por otro lado, reitera la denuncia del impedimento por parte del Gobierno de la negociación colectiva y desarrollo del II Acuerdo en el sector público empresarial, especialmente en materia retributiva —aún no han cobrado los incrementos salariales del 1,75% de este año—, de empleo, estabilización o jornada laboral.
