El próximo 11 de noviembre tenemos una cita con nuestros derechos. CCOO hace un llamamiento a los trabajadores/as de la Administración de Justicia de toda España para secundar la Huelga General y participar en una jornada de movilización que defiende cuestiones que afectan directamente a nuestras condiciones de vida y de trabajo: salarios dignos, acceso a una vivienda asequible, control del encarecimiento de los precios, servicios públicos de calidad y negociación colectiva efectiva.
Puede que aún te preguntes qué tiene que ver esta huelga con los problemas concretos que sufrimos en la justicia. La respuesta es muy sencilla: tiene que ver con todos ellos. Porque nuestras reivindicaciones específicas forman parte de las mismas demandas que motivan la Huelga General.
1. POR LOS SALARIOS:
El encarecimiento de la vivienda, la alimentación, la energía, los suministros y los gastos cotidianos están reduciendo nuestra capacidad para llegar a fin de mes. Tener un empleo público no nos hace inmunes a esta realidad.
En la Administración de Justicia, además, llevamos años reclamando una mejora de nuestras retribuciones que reconozca el trabajo que realizamos y las condiciones en las que lo desarrollamos. La implantación de las nuevas Oficinas Judiciales ha incrementado las funciones, las responsabilidades, la movilidad funcional y las exigencias organizativas han modificado nuestras condiciones laborales, sin que exista compensación económica alguna.
Arrastramos desde 2023, el agravio comparativo de la subida exclusiva a Jueces, Juezas, Fiscales y LAJ por la implantación de la Ley de Eficiencia de entre 400 y 500 euros mensuales mientras que al resto no se nos reconoce el esfuerzo que estamos realizando.
Y miles y miles de compañeros y compañeras, sufrimos también la discriminación que suponen las diferencias retributivas por grupos de población.
Por eso, CCOO llevamos reclamando un incremento sustancial de nuestras retribuciones en el complemento general de puesto, que, como sabes, es el concepto estatal que afecta a todas las trabajadoras y trabajadores de la Administración de Justicia de todos los ámbitos, y retribuye las características y condiciones de los puestos de trabajo. No podemos aceptar que se nos exija cada vez más mientras nuestro reconocimiento retributivo sigue sin estar a la altura de las nuevas condiciones de trabajo.
Y qué decir de la productividad; sí, esa que solo perciben quienes más cobran (1.970.560,22€ para el cuerpo de LAJ en este segundo semestre de 2026), y no quienes soportamos las inasumibles cargas de trabajo.
E igual de sangrante la carrera profesional, complemento retributivo implantado en la LOPJ desde 2018, miles de euros que, año tras año, nos niega la administración.
La defensa de los salarios dignos que reclama la Huelga General es también nuestra defensa de una retribución justa en Justicia.
2. POR LA VIVIENDA:
La vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas económicos y sociales: alquileres desorbitados, dificultades para acceder a una vivienda y precios que absorben una parte cada vez mayor de los ingresos afectan también al personal de Justicia.
No basta con tener un empleo estable si el coste de la vivienda y de las necesidades básicas impide desarrollar un proyecto de vida digno. En general, en toda España el precio ha crecido de forma exponencial, y en especial en varias CCAA donde el precio de la vivienda es tan alto que a la clase trabajadora le es imposible acceder, hay compañeras/os de nuestro ámbito, como en todos, que se han visto obligados a renunciar a un puesto de trabajo porque lo que cobran no les permite pagar el alojamiento. Y, en general, casi uno de cada tres empleados públicos (el 31,5%) ha tenido que renunciar a una plaza o a un ascenso profesional por el elevado precio de la vivienda en el destino asignado.
La cobertura de los puestos de trabajo de la justicia depende también de que el trabajador/a pueda vivir en la localidad o localidades próximas a su centro de trabajo. Si el sueldo no alcanza, las plazas se quedan vacías.
Defender salarios suficientes y medidas que garanticen el acceso a una vivienda asequible es defender nuestras condiciones de vida. No son reivindicaciones ajenas al personal de justicia: son derechos que afectan a todos los trabajadores/as.
3. POR UNOS SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD:
La defensa de los servicios públicos no puede quedarse en una declaración de intenciones. Exige inversión, plantillas suficientes, medios materiales y condiciones laborales dignas para quienes los hacen funcionar.
En la Administración de Justicia estamos sufriendo precisamente lo contrario. El Ministerio de Justicia y las CCAA en su ámbito de competencias mantienen decenas de plazas y puestos de trabajo vacantes sin cubrir, pese a estar presupuestados (a lo que se suman las IT y otras licencias con reserva de puesto), mientras aumenta el volumen de asuntos y se exige a las plantillas que asuman más trabajo con menos efectivos disponibles. Crean plazas de Jueces y Fiscales y se niegan a crear plantilla. El abuso es de unas dimensiones insoportables.
CCOO reclama, además, la creación de decenas de nuevos puestos de trabajo para responder a las necesidades reales de las Oficinas Judiciales, Fiscalías, Registros Civiles, Oficinas de Justicia en los Municipios, INTCF e IML, tanto de personal funcionario, como de personal laboral (afectado, éste último por decenas de vacantes sin cubrir mientras se privatizan los servicios).
La consecuencia de mantener plantillas insuficientes no es solamente una mayor sobrecarga para quienes trabajamos en Justicia. También supone más retrasos, más dificultades para tramitar los procedimientos y una peor capacidad de respuesta a las necesidades de la ciudadanía.
No podemos defender una Justicia ágil y de calidad mientras se mantienen cientos de plazas sin cubrir y se deterioran las condiciones de quienes deben prestar ese servicio. La calidad de los servicios públicos empieza por garantizar condiciones de trabajo dignas a sus empleados públicos.
4. POR LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA:
La negociación colectiva es una herramienta fundamental para defender y mejorar nuestras condiciones laborales. Sin negociación no hay garantías suficientes, ni participación de los trabajadores y trabajadoras en las decisiones que afectan a su trabajo.
En Justicia conocemos bien las consecuencias de que la Administración imponga sus decisiones sin negociación real: grandes centros de destino que incrementan la movilidad funcional y reducen las posibilidades de movilidad voluntaria; asignación de funciones, tareas o a unidades, negociados ú equipos sin criterios homogéneos y suficientemente garantizados; nuevas funciones y responsabilidades sin reconocimiento ni compensación; servicios de guardia impuestos y, en ocasiones, mal pagados o en condiciones laborales y retributivas inaceptables; negativa a negociar el teletrabajo, etc.
La implantación de las nuevas Oficinas Judiciales ha cambiado radicalmente nuestras condiciones de trabajo. Sin embargo, la Administración, Ministerio y CCAA, sigue negándose a negociar su regulación, situándonos en la más absoluta indefensión.
Por eso exigimos desde CCOO la convocatoria inmediata de las Mesas de Negociación, con la presencia del ministro o consejeros/as, para negociar todas las cuestiones pendientes (retribuciones, grupos de población, productividad, carrera profesional, teletrabajo, situación de las plantillas que deben crearse, adaptación de la jornada de trabajo a las medidas de conciliación de la vida familiar, la regulación objetiva y transparente y en condiciones de igualdad de las sustituciones y comisiones de servicio…..)
Lo que reclamamos en Justicia es exactamente lo que defendemos con la Huelga General: negociación, derechos, reconocimiento y participación de los trabajadores y trabajadoras en las decisiones que les afectan.
5.- POR UNA VIDA DIGNA DENTRO Y FUERA DEL TRABAJO
Hay una contradicción que no podemos aceptar: se nos pide más productividad, más flexibilidad, más funciones y más responsabilidades, pero no se garantizan los medios personales necesarios, no se mejoran suficientemente las retribuciones y se bloquea la negociación de nuestras condiciones laborales. La Administración de Justicia no puede seguir funcionando gracias al sobreesfuerzo permanente de sus plantillas.
No es eficiencia exigir más con menos. No es modernización recortar derechos. No es calidad del servicio público sobrecargar a quienes lo sostienen.
La lucha por una vivienda digna, por unos salarios que permitan vivir, por el control de los precios, por unos servicios públicos fuertes y por la negociación colectiva no está separada de nuestra lucha diaria en Justicia. Es la misma defensa de unas condiciones de vida y de trabajo dignas.
El 11 de noviembre tenemos la oportunidad de unir nuestras reivindicaciones específicas a las del conjunto de la clase trabajadora. De hacer visible que los problemas de Justicia no son problemas aislados y que nuestros derechos laborales también forman parte de los derechos sociales que esta huelga defiende.
