Funcionarios de la administración de Justicia protestaron durante la mañana de ayer para denunciar los perjuicios que supondría los planes de reforma del Registro Civil que actualmente estudia el gobierno del Partido Popular.
Los trabajadores se concentraron durante una hora delante de la sede judicial en la calle de Marcos del Torniello. Además, durante ese tiempo se pegaron carteles indicando la factura que deberán pagar los ciudadanos si el gobierno sigue adelante con su proyecto.
La movilización fue auspiciada por los sindicatos UGT, Comisiones Obreras, CSIF, STAJ, USIPA y CSI, siendo respaldada por la Plataforma en Defensa de los Servicios Públicos de Avilés. Las estimaciones sindicales es que si el ministro Alberto Ruiz Gallardón lleva adelante su proyecto de pasar el registro a los notarios y registradores de la propiedad este servicio se perderán cerca de 3.500 puestos de trabajo.
Además, en el caso de la comarca supondrá un perjuicio para los municipios más pequeños, como Castrillón, Gozón, Corvera e Illas. Actualmente, pueden realizar las inscripciones de nacimientos en su juzgado de paz y de forma gratuita. El proyecto les obligaría a trasladarse a otra localidad para poder hacer ese trámite. También está la duda de los costes que se deberán afrontar por unos servicios que, hasta ahora, se financian vía impuestos y son obligatorios.
Imprimir artículo
