BETETA, Secretario de Estado de Administraciones Públicas, afirma que el Gobierno recurrirá la decisión que pudieran tomar los Gobiernos de Castilla-León y de Extremadura de devolver la parte devengada de la paga extra.
Cuando visitábamos órganos judiciales, a la pregunta de compañeros y compañeras sobre este tema, ya les manifestamos nuestra opinión de que sin el permiso del Gobierno Central, no se puede proceder a tal devolución.
La imposibilidad, puede desaparecer si una sentencia del constitucional declarara el decreto 20/2012, por el cual se procedió a la supresión de la paga, nulo por invasión de competencias
Son curiosas también las declaraciones de la Consejera de Hacienda de Castilla y León, denunciando que no existe todavía acto administrativo que recurrir. Sin embargo el Secretario de Estado sólo hace una advertencia de futuro.
Bien es cierto que los fallos judiciales favorables a la devolución, complican las cosas desde el punto de vista político al gobierno central, puesto que el pago de intereses de futuros fallos judiciales pueden recaer en unos gobiernos autonómicos que sin embargo, no pueden hacer nada para evitarlos por la vía de la negociación, ni de la devolución de oficio.
La buena gestión de los dineros públicos y la austeridad, no son desde luego los principios que rigen en este caso, más bien parece que el principio ordenador es el de autoridad o tal vez deberíamos decir el del autoritarismo
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