La decisión del Ministerio de Justicia de aprobar una reforma de ley por la que se entregará a los registradores de la propiedad el control y la administración de los registros civiles ha puesto en pie de guerra a los funcionarios de ese servicio. Los sindicatos denuncian que la privatización encubierta propuesta por Gallardón implicaría que aquellos trabajadores que tengan la plaza en propiedad tendrían que pasar a otro servicio y los que no la tengan perderían el trabajo.
Los sindicatos advierten de que el traspaso de la gestión del servicio a los registradores traería como consecuencia que los trámites dejarían de ser gratuitos para los ciudadanos, un extremo que ha sido negado insistentemente por el Ministerio.
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