Tras el anuncio del ministro Bolaños realizado el pasado mes de marzo, finalmente se publicaron en el BOE de 9 de julio sendos RD de creación de 500 nuevas plazas judiciales y de 200 plazas fiscales. Las 500 nuevas plazas judiciales creadas se distribuyen en 368 plazas en Secciones de Tribunales de Instancia; 2 plazas en el Tribunal Central de Instancia; 96 plazas de magistrado o magistrada en órganos colegiados y 34 plazas de jueces o juezas de adscripción territorial.
Como venimos denunciando desde hace meses, es de una irresponsabilidad o de un desconocimiento absoluto pretender abordar la alta pendencia que sufrimos creando más plazas de jueces y de fiscales, sin dotar a las oficinas judiciales y fiscales de un porcentaje equivalente de plantilla de personal de los Cuerpos Generales y especiales imprescindibles para su funcionamiento. Un/a juez/a sin equipo es un cuello de botella, no una solución. Sin el resto de cuerpos funcionariales los procedimientos no avanzan, los expedientes no se tramitan y las resoluciones no se ejecutan.
¿En qué mejora entonces, el funcionamiento de la Administración de Justicia en nuestro país? La respuesta es clara, en nada. Estas nuevas plazas judiciales y fiscales sirven sólo a las ansias propagandísticas del señor Bolaños y el resto de su equipo ministerial, que pretenden alcanzar la tan loada eficiencia y eficacia de la administración de justicia a base de exprimir aún más a un personal ya absolutamente saturado, ninguneado y despreciado.
La creación de esta cantidad de plazas judiciales y fiscales sin la imprescindible creación de puestos de funcionarios/as es otra de las consecuencias de la nefasta Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que CCOO fue el único sindicato que no firmó y que, con el aval de Csif, Staj y Ugt, permite ahora este aumento histórico de las plazas judiciales y de fiscales sin que ello suponga intrínsecamente un incremento de las plantillas. Recordemos que la Ley, contra la que hicimos una dura huelga en 2023 que también habían convocado los sindicatos firmantes, reformó profundamente la Ley de Demarcación y Planta que determinaba la creación de órganos judiciales con sus correspondientes plantillas, y separó de facto el Tribunal de Instancia -donde se integran los jueces y magistrados- de las Oficinas Judiciales, independizando así las plazas judiciales y el aumento de las mismas, en manos del Ministerio de Justicia, de las plantillas de funcionarios, cuya gestión y creación depende ahora de cada Comunidad Autónoma con competencias transferidas (o el Ministerio en el caso del ámbito no transferido).
CCOO exige al Ministerio de Justicia y a las comunidades autónomas con transferencias asumidas la creación de un mínimo de 4250 plazas del resto de cuerpos funcionariales, plazas que, dicho sea de paso y a pesar de haberlo reclamado así durante su negociación, no han sido sumadas a la Oferta de Empleo Público del 2026, que ha quedado limitada únicamente a simple reposición las vacantes generadas (jubilaciones, renuncias, defunciones...).
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