Hoy,
7 de mayo, Gallardón presentará estas gravísimas reformas en el Congreso de los
Diputados que atacan el centro de gravedad de la Administración de
Justicia como servicio público universal y gratuito que debe garantizar los
derechos y libertades, convirtiéndola en un instrumento al servicio de los
poderosos contra el conjunto de la ciudadanía.
CCOO acusa a Gallardón del
desmantelamiento de la
Administración de Justicia con la desaparición de los
Partidos Judiciales, de las Audiencias Provinciales y de los Juzgados de Paz, con
la encomienda de los actos de comunicación y ejecución a los Procuradores y con
la adjudicación de la instrucción de los asuntos penales a las Fiscalías, porque
deja de ser una ocurrencia de la comisión de expertos y pasa a formar parte de
los proyectos del gobierno para 2013.
EL PROGRAMA NACIONAL DE
REFORMAS QUE EL GOBIERNO DEL PP HA REMITIDO LA PASADA SEMANA A LA UNIÓN EUROPEA
CONTEMPLA, PARA EL CUARTO TRIMESTRE DE ESTE AÑO, LA ELABORACIÓN DE LOS
ANTEPROYECTOS DE LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL Y DE LEY DE ENJUICIAMIENTO
CRIMINAL.
ADEMÁS, TAL Y COMO CCOO INFORMÓ AYER, EN EL CONSEJO DE MINISTROS DEL
VIERNES 3 DE MAYO, EL MINISTRO GALLARDÓN (EL GRAN PRIVATIZADOR DE LA JUSTICIA ESPAÑOLA )
HA INFORMADO DEL ANTEPROYECTO DE REFORMA DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL
QUE CONVERTIRÁ A LOS PROCURADORES EN AGENTES DE LA AUTORIDAD PRIVADOS
Y AL SERVICIO DE LAS PARTES QUE PUEDAN COSTEÁRSELO.
Madrid, 7 de mayo de 2013
Los documentos publicados hasta
ahora son los proyectos de LOPJ y de Ley de Enjuiciamiento Criminal, elaborados
por una comisión constitucional de expertos nombrada el pasado año por
Gallardón, y el Anteproyecto de Ley que modifica la LEC. Todos ellos se
pueden consultar en la web del Ministerio de Justicia.
¿QUÉ PROPUESTAS
PLANTEA EL GOBIERNO?
Se potencia
¿CÓMO AFECTARÁN ESTAS
MEDIDAS A NUESTRAS CONDICIONES DE TRABAJO?
La nueva organización judicial supondrá que por debajo del ámbito
provincial no habrá ningún órgano judicial (salvo en Madrid y Barcelona). La
propuesta del comité de expertos no concreta si esto significará que solo habrá
sedes judiciales en las capitales de provincia o también en alguna otra ciudad
(como ocurre actualmente con los Juzgados de lo Penal). Lo que es seguro es la desaparición de todos los Juzgados de Paz y Agrupaciones, y de las sedes
judiciales que no sean las de las capitales de provincia y, quizá, la de alguna
otra gran ciudad.
Esto significará,
por una parte, el traslado forzoso a las capitales de
provincia o grandes ciudades (en el mejor de los casos) de los miles de
funcionarios destinados en los Juzgados de Paz y en los Juzgados de partido que
desaparecen. Recordemos que en una de las últimas modificaciones
de la LOPJ , ya denunciada
por CCOO, permite este traslado forzoso
con cambio de residencia que se confirma en la nueva propuesta donde desaparece
la garantía de destino en el mismo municipio.
El segundo de los posibles efectos de esta nueva realidad organizativa de
la justicia que se plantea es el que afecta a la destrucción
masiva de puestos de trabajo. La escasa o nula convocatoria de plazas de
funcionarios de justicia en las Ofertas de Empleo Público (que CCOO tiene recurrida ante los tribunales de
Justicia) ha propiciado la existencia de un elevado porcentaje de empleo
interino que, en la actualidad, ronda el 25% del total de la plantilla a lo que
hay que sumar un número también importante de personal interino en plazas de
refuerzo que, en lugar de haberse consolidado en plantilla, se mantienen como
tales tras años y años de denuncia de esta situación por parte de CCOO. En total, podemos estar hablando de una
cifra próxima a los 10.000 puestos de trabajo. Por ahora, el personal titular
no puede ser despedido por lo que los titulares afectados por traslados
forzosos, motivados por la desaparición de un gran número de órganos
judiciales, pasarán a ocupar plazas que actualmente ocupa el personal interino.
Es decir, el Gobierno central y los gobiernos autonómicos con competencias
tendrán la posibilidad de despedir entre 0 y 10.000 interinos y, vistas las
políticas de recortes que se vienen planteando en todos los ámbitos, es fácil
suponer que el efecto de estas reformas sobre el empleo en la Admón. de Justicia va a ser
devastador. Menos puestos de trabajo supondrán además,
para quiénes mantengan el suyo, menos posibilidades de promoción interna, de
traslado en concursos para obtener mejores plazas, de nombramientos de personal
interino y de posibilidades de acceso a través de las oposiciones.
Otro aspecto importantísimo recogido en la propuesta
de la comisión de expertos es la nueva consideración de los Procuradores
como agentes de la autoridad, dependientes de los secretarios y encargados de
los actos de todos los actos de comunicación y determinados actos de ejecución. CCOO ya denunció lo que recogía la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000
en la que se introdujo ya la posibilidad de que los Procuradores realicen actos
de comunicación (reforma operada en el año 2009, y ya
entonces CCOO advirtió que con esa
reforma se abría la puerta a la privatización del servicio público de la
justicia); se trata de
que esto sea la norma general para todos los actos de comunicación y determinados
actos de ejecución. Esta propuesta, por sí misma, pone sobre la mesa la desaparición de los servicios comunes de actos de notificación
y embargos y, también, la posibilidad de reducción drástica de las plantillas
del personal funcionario del Cuerpo de auxilio judicial que verían
restringidas sensiblemente sus competencias. Una vez más, planea el peligro de
desaparición de más y más puestos de trabajo y, además en este caso, puestos
que conllevan incrementos retributivos sobre las retribuciones complementarias
ordinarias.
La desaparición de las faltas (y, por tanto, de las guardias para
juicios de faltas inmediatos) y la asignación de los procedimientos por delito
a las Fiscalías afectará directamente a los bolsillos de todo el personal
funcionario destinado en los Juzgados de Instrucción, de 1ª Instancia e
Instrucción y de Violencia sobre la
Mujer que en la actualidad realizan (y cobran por ello)
cualquier tipo de guardia. Bien es cierto que la propuesta del comité
de expertos plantea la existencia de juzgados o tribunales de instancia de garantías
(para resolver sobre cuestiones planteadas en los procedimientos instruidos en
las fiscalías y que afecten a derechos fundamentales, como la prisión
preventiva, intervención telefónica, entrada y registro en domicilios, etc.) en
los que alguien tendrá que estar de guardia y que el personal de la fiscalía
tendrá que ampliarse en un número importante de funcionarios pero, por ahora,
no se ha concretado en qué forma quedarán las guardias y, sin duda, el objetivo de los gobiernos afectados no va a ser la calidad del
servicio público sino, simplemente, el ahorro del gasto sin tener en cuenta,
con toda seguridad, a las personas y familias que resulten afectadas.
¿CUÁL ES LA VALORACIÓN DE CCOO?
Junto con la Ley de Tasas Judiciales (que
ha reducido el número de asuntos en todos los órdenes jurisdiccionales salvo el
penal) y la entrega (con mezcla de ideología y nepotismo) de los Registros
Civiles a los Registradores de la
Propiedad se plantea con estas propuestas un escenario
laboral incierto y peligroso para el futuro de los empleados públicos de la
justicia.
Como sindicato socio-político, CCOO
denuncia además el desmantelamiento que paulatinamente se está llevando a cabo
del servicio público de la justicia y la dificultad, cada vez más manifiesta,
que se quiere imponer a la ciudadanía para el acceso al derecho constitucional
a la tutela judicial efectiva. El copago a través de las tasas judiciales,
de los actos del Registro Civil y de las minutas a los Procuradores por hacer
los actos que ahora realizan de forma gratuita las funcionarias y los
funcionarios judiciales; el alejamiento de los Juzgados de la ciudadanía con
el cierre de cientos de sedes judiciales
en las localidades más pequeñas; la reducción del empleo público, y la merma de
los derechos retributivos y laborales de quienes los desempeñan son la muestra
de que también en la
Administración de Justicia, este gobierno favorece a los
poderosos frente a las clases populares, y de que está solo preocupado por
desmantelar lo público, obedeciendo de forma acrítica a los países del norte de
Europa olvidando a los ciudadanos y ciudadanas, a las familias que tanto dice defender, a las
empleadas y a los empleados públicos, a los parados y a las paradas, y a todos los colectivos a los que están
abandonando a su suerte al albur de esta indecente e inaceptable salida a la
crisis económica que se está planteando.
CCOO seguirÁ reivindicando al ministro de justicia medidas que
garanticen:
o
QUE NO DESAPARECERÁ NINGÚN PUESTO DE TRABAJO EN LA ADMINISTRACION DE
JUSTICIA.
o
QUE NO HABRÁ NUEVOS RECORTES EN LAS RETRIBUCIONES DE NINGÚN FUNCIONARIO
O FUNCIONARIA DE JUSTICIA.
o
QUE SE ELIMINARÁ LA MOVILIDAD GEOGRÁFICA FORZOSA.
o
LA PARALIZACIÓN DE LOS PROYECTO QUE SUPONGAN LA PRIVATIZACIÓN DE
CUALQUIER SERVICIO DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
SOLO
CON LA UNIDAD DE
TODOS LOS SINDICATOS Y EL APOYO DE TODAS Y TODOS LOS TRABAJADORES DE JUSTICIA
PODREMOS PARAR ESTE DURÍSIMO ATENTADO A NUESTRAS CONDICIONES DE TRABAJO Y
CONTRA EL SERVICIO PÚBLICO DE LA
JUSTICIA
¡¡ MOVILÍZATE CON CCOO !!
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