El 20 de abril de 2012 el Gobierno de Rajoy insistió en sus medidas restrictivas sobre derechos del Estado del bienestar. En un real decreto-ley introdujo un recorte brutal de 10.000 millones de euros en la sanidad (7.000 millones) y la educación (3.000) públicas. En el ámbito sanitario esta norma estableció el copago farmacéutico para los pensionistas hasta el 10% del coste de los medicamentos y eliminó de un plumazo la asistencia sanitaria a más de 500.000 inmigrantes.
En educación aumentó las horas lectivas a los profesores y subió un 20% el ratio de alumnos por aula con el fin de bajar los costes. recordaréis las brutales cargas policiales, que fueron vistas en las televisiones de todo el mundo, en el Instituto Luis Vives de Valencia que dieron lugar a la llamada “primavera valenciana”.
Por supuesto, no podemos olvidar la "ley mordaza", el mayor ataque democrático a derechos fundamentales como el de reunión, manifestación, libertad de expresión. Una ley propia de un régimen dictatorial.
Estas son algunas de las iniciativas legales que han marcado el trabajo parlamentario de la legislatura, tanto en los contenidos como en las formas. Pero ha habido otras muchas más que, de momento, dejan una huella de conservadurismo en la legislación española: la ley de Montes –se vuelve a poder construir en espacios quemados por incendios– , la ley de Costas –se eliminan los plazos para derruir construcciones situadas en el espacio de dominio público junto a las playas–, la reforma fiscal –con la amnistía fiscal incluida de Montoro–, la ley de Tasas Judiciales –que elimina el principio de justicia gratuita, al menos para quienes no tienen recursos–, la ley de Seguridad Privada –que posibilita la custodia de lugares públicos, incluso sensibles para la seguridad nacional, a las empresas privadas–, entre otras muchas.
Y concretamente, en la Admón. de Justicia no se ha quedado corto:
- La entrega de competencias del procedimiento a procurador@s en un ataque privatizador que resta garantías procesales a la ciudadanía
- La reforma de la LECR, acortando los plazos de la instrucción, sin dotar a la justicia de recursos humanos y materiales suficientes, reforma contestada por asociaciones de fiscales y de la judicatura. Reforma que sólo persigue la impunidad de ciertos tipo de delincuencia que a nadie se nos escapa en que ámbito prolifera.
- La Ley de Tasas, derogada parcialmente gracias a la lucha del personal y la ciudadanía junto con la abogacía.
- La privatización del Registro Civil utilizando todos los trucos habidos y por haber, amparándose en grandes mentiras, y que sólo era debida a intereses fraudulentos y familiares, y que de nuevo la ciudadanía y el personal de justicia conseguimos frenar. - La escasa, no por no decir nula Oferta de Empleo Público, que ha conllevado una destrucción muy importante de empleo público.
- Y el innumerable rosario de medidas, que todos y todas recordamos, y que a día de hoy seguimos combatiendo al objeto de recuperar esa multitud de derechos robados, como la supresión de la paga extra de diciembre de 2012, la reducción de haberes en casos de IT, la pérdida de días de asuntos particulares (a día de hoy nos siguen adeudando tres), días adicionales de vacaciones y por antigüedad, con la que llevan jugando a devolver con cuentagotas cada vez que se acercan unos comicios, la supresión de aportaciones de la Admón. a los Planes de Pensiones, etc, etc. ....
Después de todo lo expresado, ¿se puede tratar peor a lo público?, ¿se puede maltratar aún más a los empleados y empleadas públicas?...
Ha quedado plasmado y demostrado que al PP solo le interesa lo público para realizar grandes negocios privados... ahora vas y les votas.
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