La crisis
sanitaria provocada por el COVID-19 nos ha colocado frente a nuestra
vulnerabilidad ante las fuerzas de la naturaleza y ha plasmado crudamente las
deficiencias de nuestro modelo económico y productivo, las consecuencias de las
políticas adoptadas tras la crisis financiera de 2008 se reflejan en el aumento
de la desigualdad social, precariedad laboral, pobreza o en la insuficiencia de
nuestro modelo sanitario y sociosanitario para dar una respuesta adecuada a las
necesidades de la ciudadanía.
Europa se
prepara nuevamente para hacer frente a otra crisis económica y de empleo a
través de un plan de recuperación económica, conocido como “Next Generation EU”,
que fue presentado hace una semana por la presidenta de la Comisión Europea,
Úrsula von der Leyen, que incluye un fondo de 750.000 millones de euros (de los
que España podría percibir 140.000 millones). El cómo redistribuirlo es la
cuestión prioritaria.
Los intereses sociales y medioambientales deben estar
integrados en todas las políticas de reactivación y así lo refleja el documento del Plan
Integral de Recuperación, el cual sitúa al Pacto Verde Europeo como la
estrategia de crecimiento que debe seguir Europa y señala que el desarrollo
debe ser sostenible: “...las inversiones públicas en la recuperación han de
respetar el juramento ecológico de no causar daños”. También añade que las
inversiones “deben guiarse por las prioridades establecidas en los planes
nacionales integrados de energía y clima (PNIEC), los planes de transición
justa,…”, y el nuevo instrumento de Ayuda a la Solvencia debe dar prioridad
a las inversiones ecológicas.
Estamos a la espera de
que el Consejo y el Parlamento Europeo apruebe el Plan y España presente su
versión del “Plan Marshall” a Europa, este plan representa una oportunidad
histórica. Por una parte dando más importancia a las ciudadanas y ciudadanos
mediante el refuerzo de unos servicios públicos diezmados por las medidas de
austeridad implantadas tras la anterior crisis y por otra parte debe representar una oportunidad para
reorientar el actual modelo de desarrollo hacia uno más sostenible social,
económico y medioambiental.
Probablemente la transición ecológica será ahora, o no
será y en buena medida dependerá de que los paquetes de estimulo económico
europeos, nacionales y autonómicos recojan entre sus objetivos y criterios de
inversión que los proyectos financiados sean respetuosos con el medioambiente.
No vale salir reactivando la economía a cualquier precio, como ya están
intentando hacer algunas comunidades autónomas reduciendo los requisitos
medioambientales para proyectos urbanísticos. Eso no vale, eso nos llevará otra
vez a la casilla de salida.
Ahora es el momento de apostar por planificar de manera
coordinada y consensuada a nivel político, social y laboral una estrategia para
una transición ecológica orientada hacia las energías renovables, el
autoconsumo, la economía circular, la movilidad sostenible, la bioeconomía…
fijando las bases de un desarrollo más diversificado y sostenible en línea con
los objetivos de descarbonización comprometidos con los objetivos de
descarbonización del Acuerdo de Paris, la Unión Europea y del Pacto Verde
Europeo.
Una
transición que debe ser justa con los sectores y territorios afectados por el
cierre de la minería, centrales térmicas y nucleares pero también
diagnosticando y considerando medidas y políticas para otros sectores y territorios
que próximamente se pueden ver afectados por esta transformación como la
automoción, el turismo, la industrias electrointensivas, la agricultura… Y
estas situaciones no pueden ser abordadas de otra forma
que no sea el Diálogo Social y los principios de la Transición Justa.
El Gobierno debe decidir hacia qué políticas se van a
orientar los importantes recursos económicos anunciados para facilitar la
reactivación económica de nuestro país. Hoy, 5 de junio Día del Medio Ambiente CCOO queremos recordar que tienen la obligación
de aprovechar esta oportunidad para sentar las bases para planificar el cambio
hacia un modelo de desarrollo sostenible y que también tienen la obligación de
hacerlo de manera dialogada a todos los niveles, político, social y laboral
porque necesitamos que el impulso para este cambio sea de todos y de todas.
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