CCOO exige al Ministerio de Justicia que ponga fin al caos que está suponiendo la implantación de DICIREG en las Oficinas Colaboradoras de Registro Civil, a cargo de los juzgados de paz
- El Ministerio de Justicia está atribuyendo funciones a las Oficinas Colaboradoras, más allá de las establecidas en la Ley 20/2011, sin Instrucción, Circular o Reglamento, simplemente basado en un documento de un curso de formación
- Deben simplificarse las funciones de las Oficinas Colaboradoras servidas por personal idóneo de los Ayuntamiento
- La firma electrónica de Encargados y Encargadas de las Oficinas Generales, de los borradores de inscripciones efectuados por personal idóneo de los Ayuntamientos sin revisar previamente su contenido pone en tela de juicio la propia institución registral
- El Ministerio debe parar las delegaciones de funciones que realizan algunos Encargados y Encargadas, sin soporte legal y con el fin de descargarse trabajo, en el personal de las Oficinas Colaboradoras
CCOO presentó con fecha 17 de enero un nuevo escrito al Ministerio de Justicia exigiendo soluciones al caos que está suponiendo la implantación de DICIREG, programa informático para la práctica de las inscripciones del Registro Civil, en los Juzgados de Paz, tanto en los servidos por personal de Justicia como los que están a cargo de personal designado por los Ayuntamientos, momento en que pasan a ser Oficinas Colaboradoras de Registro Civil. Escrito del que se dio traslado la semana pasada a los integrantes de la Comisión de Justicia del Congreso y del Senado
En todo el proceso de transición al nuevo modelo, iniciado en septiembre de 2021 con la Oficina General de Registro Civil de Madrid, al Ministerio de Justicia le viene importando mucho más el cuánto (el número de oficinas ya incorporadas a DICIREG) que el cómo (las condiciones de su implantación, los medios personales y materiales necesarios o la calidad en el trabajo que se realiza)
Desde la entrada en vigor de la Ley 20/2011, de Registro Civil, CCOO ha dirigido numerosos escritos al Ministerio de Justicia, poniéndole de manifiesto las deficiencias existentes en la formación previa a la implantación de DICIREG y los problemas que conlleva el trabajo con la nueva aplicación, que implica un incremento sustancial de la carga de trabajo de las Oficinas de Registro civil sin que se hayan incrementado sus plantillas, la inseguridad jurídica que produce la falta de aprobación del nuevo Reglamento del Registro Civil que complemente y desarrolle dicha Ley, la falta de aprobación de los modelos de inscripciones que venimos utilizado, la atribución indebida de funciones al personal de la Administración de Justicia sin la previa negociación con sus representantes legales, las deficiencias técnicas de una aplicación que no se ajusta a lo dispuesto en la Ley 20/2011 en materia procesal, etc. Todas las observaciones, propuestas y reclamaciones formuladas por CCOO han sido desatendidas
CCOO vuelve a reiterar en su nuevo escrito que el Ministerio de Justicia está atribuyendo a las Oficinas Colaboradoras funciones que van mucho más allá de las establecidas en la Disposición Adicional Quinta de la Ley 20/2011, sin soporte legal alguno (Reglamento, Instrucción o Circular que así lo establezca), con base a un documento denominado “Definición de Oficinas de Registro Civil” que aparece en el curso que el Centro de Estudios Judiciales (aquí sí les interesa que el personal transferido pueda acceder a sus cursos) en el que atribuye nueva funciones a las Oficinas Colaboradoras. Ello, a juicio de CCOO, es claramente ilegal
Pero es que además la actuación que promueve el Ministerio de Justicia respecto de las Oficinas Colaboradoras no servidas por personal de la Administración de Justicia está poniendo en grave riesgo la institución registral: no hay más calificación de los escritos y documentos que luego dan lugar a las inscripciones que la realizada por el personal de los Ayuntamientos, personal que no está especializado en materia registral y para los que la actividad en esta materia es un añadido a las muchas y complejas que tienen dentro de su Ayuntamiento y corresponden a sus competencias propias. El Ministerio de Justicia promueve que estas Oficinas no servidas por personal de Justicia remita directamente a la firma los borradores de inscripciones que hagan, los cuales en su inmensa mayoría son firmados por los Encargados y Encargadas de las Oficinas Generales, de forma masiva, sin lectura previa de su contenido, con la excusa de que como LAJs de su Oficina Judicial tienen una carga de trabajo que les impide el control del contenido de la inscripción en el Registro Civil. Esta forma de actuar, promovida por el Ministerio de Justicia, está poniendo en grave riesgo la propia institución del registro civil y los principios de legalidad y eficacia probatoria establecidos en la Ley
En las Oficinas servidas por personal de la Administración de Justicia se realiza una precalificación por dicho personal, sí especializado en la materia, y realmente esta viene a ser la única calificación que se realiza, pero en las Oficinas Colaboradoras servidas por personal de los ayuntamientos no existe, por regla general, esta precalificación especializada. Por todo ello CCOO solicita en su escrito que las Oficinas Colaboradoras servidas por personal de Ayuntamientos no realice más funciones que las establecidas en la Disposición Adicional Quinta de la Ley 20/2011, entre las que no están los borradores de inscripciones, y que en caso de tener que hacer alguno de éstos, se limiten a los supuestos más sencillos
Por último, CCOO denuncia, y al respecto ya se han presentado recursos, que algunos Encargados y Encargadas de Oficinas Generales están delegando en el personal de las Oficinas Colaboradoras funciones como la realización de juras de nacionalidad o práctica de pruebas en expedientes matrimoniales que la Ley atribuye a los Encargados y Encargadas. Estas delegaciones son nulas de pleno derecho hasta que el futuro Reglamento del Registro Civil u otra norma establezca que pueden delegar en el personal de las Oficinas Colaboradoras. Si la Oficina General tiene problemas por el incremento de la carga de trabajo que implica trabajar con DICIREG la solución no pasa por delegar competencias en las Oficinas Colaboradoras, sin soporte legal alguno, sino en incrementar la plantilla de la Oficina General. Pero esta solución a los responsables de la implantación de DICIREG del Ministerio de Justicia se la trae al pairo, como casi todo
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