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CCOO exige al Ministerio de Justicia la negociación inmediata de los aspectos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que afectan a las condiciones de trabajo


25 nov 2020



Aprobado ayer en el Consejo de Ministros el Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal 

CCOO EXIGIMOS EL INICIO INMEDIATO DE LAS NEGOCIACIONES PARA GARANTIZAR LAS CONDICIONES DE TRABAJO DEL PERSONAL DE LOS JUZGADOS DE INSTRUCCIÓN Y FISCALÍAS

El anteproyecto de ley contempla el traspaso de la investigación de los delitos desde los juzgados de instrucción a las fiscalías y el Ministerio de Justicia tiene que comprometerse con CCOO, y el resto de sindicatos representativos, a garantizar las retribuciones actuales por guardias de quién actualmente las percibe ni suponga el traslado forzoso de ningún/a trabajador/a

El Gobierno ha dado luz verde a la tramitación del Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal que, como aspecto que más puede afectar a nuestras condiciones de trabajo, asigna al Ministerio Fiscal la investigación de los delitos que ahora tienen encomendada los juzgados de instrucción. Aun no se conoce el texto completo del anteproyecto pero las líneas fundamentales de su contenido pueden deducirse de la referencia del Consejo de Ministros (y de Ministras) celebrado ayer

Sin perjuicio de otras novedades que puedan contenerse en el texto de esta Ley, este nuevo modelo de proceso penal va a influir de forma muy significativa en el trabajo que desarrollamos en los Juzgados de Instrucción y en la Fiscalías y, por tanto, va a afectar a nuestras condiciones de trabajo. Fundamentalmente nos preocupa:

- Quién hará y, por tanto, cobrará las guardias. Sería intolerable para CCOO cualquier decisión unilateral que disminuya las retribuciones actuales 

- Cuáles serán las futuras plantillas de las fiscalías y de los juzgados de instrucción o mixtos. Para CCOO es igualmente inaceptable que se pudiera pretender la movilidad forzosa

POR ELLO, DESDE CCOO HEMOS SOLICITADO AL MINISTERIO DE JUSTICIA LA CONVOCATORIA URGENTE DE LA MESA DE NEGOCIACIÓN

√ EN CUMPLIMIENTO DEL ESTATUTO BÁSICO DEL EMPLEADO PÚBLICO QUE OBLIGA A NEGOCIAR LAS MODIFICACIONES ORGANIZATIVAS QUE AFECTEN A LAS CONDICIONES DE TRABAJO

√ PARA GARANTIZAR LAS RETRIBUCIONES DEL PERSONAL Y QUE NO HABRÁ PROCESOS DE MOVILIDAD FORZOSA NI PÉRDIDA DE PUESTOS DE TRABAJO

NEGOCIACIÓN ¡¡YA!! DE LA NUEVA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL

En otro orden de cosas, CCOO hacemos la siguiente valoración de esta medida:

1.- El traspaso de la investigación criminal al Ministerio Fiscal en el proceso penal no es una prioridad ante los gravísimos problemas que afectan a la Administración de Justicia. Para atender la sobrecarga de trabajo actual en multitud de órganos judiciales, fiscalías y servicios no jurisdiccionales lo urgente es

  • incrementar el número de oficinas y plantillas de todos los cuerpos funcionariales y categorías profesionales del personal laboral,
  • mejorar significativamente los sistemas informáticos de gestión y comunicación,
  • efectuar un verdadero plan de formación continua del personal, especialmente orientado a las nuevas tecnologías, y
  • profesionalización y especialización de los trabajadoras y las trabajadoras a través, junto a la formación profesional, de Ofertas de Empleo Público con todas las vacantes, de una verdadera carrera profesional y de la clarificación de las funciones de cada puesto de trabajo

2.- El Ministerio Fiscal no es una institución independiente en la actualidad: es el Gobierno quien nombra a su titular “a dedo”; éste, a su vez, nombra “a dedo” a los cargos de mayor responsabilidad de las fiscalías, y éstos, a su vez, también “a dedo” nombran a los puestos intermedios de dichas fiscalías. Y todo el personal de la carrera fiscal está obligado a actuar acatando las directrices de la Fiscalía General del Estado

El ministro Campo ha anunciado que la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal obligará a una modificación del Estatuto del Ministerio Fiscal y, para garantizar la independencia de los y las fiscales en la investigación de los delitos respecto a los gobiernos de turno, es imprescindible modificar el sistema de nombramiento del/la Fiscal General del Estado y que no sea la discrecionalidad, sino el mérito y la capacidad, los que determinen los nombramientos en las jefaturas y puestos intermedios de las fiscalías. De lo contrario, este nuevo modelo de proceso penal estará abocado al más rotundo fracaso.

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Unai Sordo: “el Gobierno desprecia el diálogo social con el personal que atiende los servicios públicos”


14 oct 2020



Unai Sordo: “El Gobierno desprecia el diálogo social con el personal que atiende los servicios públicos”
 

CCOO afirma que, excepto el Ministerio de Trabajo y el de Seguridad Social, el resto de los ministerios no cumplen adecuadamente con el mandato constitucional del derecho a la negociación colectiva, especialmente el de Función Pública, pero tampoco el de Educación o el de Sanidad

Además, los servicios públicos guardan una relación directa con la seguridad de las personas a través de los cuerpos y fuerzas de seguridad, en la distribución de la correspondencia a través del sistema de Correos universal, en la investigación a través de los institutos públicos, en la gestión de las pensiones, en los servicios penitenciarios, justicia y de suministro de agua. Lo público es un sistema general que hoy carece de la necesaria interlocución en el marco del diálogo social con el Gobierno, lo que debe corregirse de forma inmediata, tal como han defendido siempre desde CCOO

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, denuncia los problemas de interlocución con los ministerios con los que se negocian las condiciones laborales del personal que atiende los servicios públicos. “Más de tres millones de trabajadoras y trabajadores, entre ellos el personal sanitario, el docente o el que atiende las prestaciones en el SEPE o en la Seguridad Social, exigen negociar el refuerzo de las plantillas, la modernización de los equipos o las medidas de protección de la salud, pero se encuentran con muchas dificultades para dialogar. A excepción del Ministerio de Trabajo y el de Seguridad Social, el resto de los ministerios del Gobierno desprecian el diálogo social con el personal que atiende los servicios públicos, más esenciales si cabe desde que comenzó la pandemia”

Mientras con el Ministerio de Trabajo se han alcanzado seis acuerdos este año, entre los que destacan los relativos a los ERTE o el teletrabajo, otros adoptan medidas unilaterales. El ejemplo más reciente es la aprobación del Real Decreto-Ley 29/2020, que regula cuestiones que deberían haber pasado por el ámbito de negociación del personal estatutario de los servicios de salud, sin que este foro haya sido ni siquiera convocado a tal efecto. La Federación de Sanidad de CCOO ha elevado una queja al Defensor del Pueblo por la aprobación de dicho decreto

Respecto a Educación, la Federación de Enseñanza de CCOO denuncia que el Ministerio da la callada por respuesta ante la demanda de negociación por parte del sindicato

Algo similar ocurre con el resto de los servicios públicos, como los gestionados por la Administración General del Estado. Para CCOO, el sindicato mayoritario en todas las Administración Públicas, es evidente que hay que negociar el refuerzo de las plantillas, como en el caso urgente del SEPE o la Seguridad Social, pero también todas las condiciones que pueden llevar a un III Acuerdo sobre empleo público, que aborde, desde la negociación, el refuerzo de los servicios públicos y la mejora de sus condiciones laborales y salariales. A su vez, CCOO defiende la necesidad de negociar cómo canalizar los fondos europeos para la digitalización y modernización de las Administraciones

Desde CCOO entendemos que los servicios públicos son un sistema muy amplio que afecta a toda la población, y que no solo se trata de asistir a las personas en cuanto a su salud, formación, cuidados y protección en las diversas etapas, sino que están directamente relacionados con el funcionamiento de las Administraciones Públicas que hacen posible la vida en todas las esferas de la sociedad, gestionando necesidades que se requieren para ejercer el derecho constitucional a la ciudadanía. Están presentes, también, en el transporte público, tanto en sus ámbitos ferroviario, marítimo o de gestión concesional pública, como puede ser en la carretera o el sector aéreo

El Ministerio de Justicia está también entre los departamentos de la administración central que se niegan a profundizar en la mejora de las condiciones de trabajo a través de la negociación colectiva. Hasta ahora, ha rechazado la propuesta del Sector de Justicia de CCOO para negociar mejoras retributivas, carrera profesional o planes de igualdad, junto a otros importantísimos aspectos laborales y de mejoras del servicio público

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Publicada en el BOE la Ley de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia


19 sept 2020



Hoy se ha publicado en el BOE la ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia


Del contenido y valoración de esta ley ya informó CCOO el día en que fue aprobada en el Congreso de los Diputados (Aprobada la Ley para hacer frente al COVID-19 en la Administración de Justicia)

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Aprobada la Ley para hacer frente al COVID-19 en la Administración de Justicia


16 sept 2020



APROBADO HOY EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EL PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS PROCESALES Y ORGANIZATIVAS PARA HACER FRENTE AL COVID-19 EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 16/2020, DE 28 DE ABRIL)

Este Real Decreto-Ley, que contenía medidas tales como la jornada de tarde, la movilidad forzosa dentro del municipio o la habilitación del mes de Agosto, ha sido modificado en su tramitación urgente como Proyecto de Ley mediante enmiendas en el Congreso y en el Senado, desoyendo el Ministerio de Justicia y los grupos parlamentarios las principales propuestas que CCOO les habíamos solicitado

El texto de la Ley finalmente aprobada, y que entrará en vigor tras su publicación en el BOE, en lo que afecta a las condiciones de trabajo del personal de Justicia incluye las siguientes disposiciones:

Artículo 21, que prorroga hasta el 20 de junio de 2021 la posibilidad actual de que “los secretarios coordinadores provinciales podrán asignar a los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia la realización de cualquiera de las funciones que, siendo propias del cuerpo al que pertenecen, estén atribuidas a cualesquiera otras UPAD, Juzgado o Tribunal”. Si no hay personal voluntario esta movilidad podrá ser forzosa y siempre dentro del mismo orden jurisdiccional y localidad

Artículo 22, que prorroga también hasta el 20 de junio de 2021 la posibilidad de establecer jornadas de mañana y tarde en las mismas condiciones en que se hace en la actualidad

Estas medidas, que permanecen con la misma redacción que en el RD Ley 16/2020 fueron duramente contestadas por CCOO (Ver las siguientes notas informativas)

24 de abril - CCOO no aceptara imposiciones del ministro de Justicia que no garanticen por encima de todo la salud del personal de Justicia

26 de abril - CCOO vuelve a exigir al ministerio de justicia la negociación colectiva para que la jornada de tarde y la movilidad sean siempre voluntarias y se garanticen los medios de protección

29 de abril - El ministro Campo consuma su desprecio al derecho a la negociación colectiva y al personal de Justicia

CCOO se pone como siempre a disposición de todo el personal de Justicia para evitar la movilidad y jornadas de tarde forzosas cuando se intente llevar a cabo por algún/a responsable judicial o de la Administración

Señalamos también algunos artículos de este texto aprobado que afectan a nuestro trabajo diario en los juzgados, tribunales y fiscalías:

- El Artículo 14 sobre la celebración de actos procesales mediante presencia telemática

- El Artículo 16 sobre las exploraciones médico-forenses y de los equipos psicosociales

- El Artículo 18 sobre la atención al público

- La disposición adicional primera sobre ampliación de plazos en el ámbito del Registro Civil

- La disposición adicional cuarta sobe los actos de comunicación del Ministerio Fiscal

- La disposición adicional quinta sobre creación de 100 nuevas unidades judiciales en el plazo de 3 años

- La disposición final cuarta que modifica la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia

El texto aprobado hoy en el Congreso puede verse en el siguiente enlace. A partir de la página 3 figura el texto aprobado inicialmente en el Congreso con las enmiendas del Senado que han sido aprobadas hoy

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El Ministerio de Justicia remite el Acuerdo del Consejo de Ministros sobre el Plan de Actuación con posterioridad a su aprobación, vulnerando de nuevo su obligación a la negociación colectiva


8 jul 2020




El Ministerio de Justicia remite el Acuerdo del Consejo de Ministros sobre el Plan de actuación con posterioridad a su aprobación (ayer, 7 de julio), vulnerando de nuevo su obligación al respeto a la negociación colectiva


Acabamos de recibir, en la tarde del 8 de julio, este correo de la Dirección General para el servicio público de Justicia con dos documentos adjuntos

CCOO ESTUDIA LAS ACCIONES LEGALES CONTRA ESTE PLAN DE ACTUACIÓN APROBADO POR EL CONSEJO DE MINISTROS, QUE, ENTENDEMOS, HA VULNERADO DE NUEVO EL DERECHO A LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA

En el propio correo, esa Dirección General reconoce, y citamos literalmente, (...) "y en cuyo resultado final hemos contado con su participación y colaboración."

Es un reconocimiento expreso del Ministerio de Justicia de que se ha vulnerado el derecho a la negociación colectiva, pues en la única reunión, con documento del Ministerio de Justicia, no hubo negociación, pues únicamente las organizaciones sindicales expresaron su posición y alternativas a la propuesta del Ministerio, sin contestación alguna de éste a dichas propuestas. Y además, jamás se envió por el Ministerio de Justicia otro documento para negociar, recogiendo al menos alguna de las propuestas de los sindicatos, a pesar de que se habían comprometido a hacerlo antes de su aprobación por el consejo de ministros

Recordamos que CCOO presentó una propuesta completa alternativa al documento del Ministerio de Justicia. Propuesta de CCOO

Esta tarde se envía desde el Ministerio de Justicia, por fin, ese documento prometido, pero con posterioridad a su aprobación por el Consejo de Ministros, ayer, 7 de julio. Esto es lo que llama negociar el Ministro de Justicia

Si a esto llama negociación el Ministro de Justicia, es que, o desprecia mucho dicho concepto, o tiene nulo respeto por el personal de la Administración de Justicia

Estudiaremos dicho documento, y remitiremos la información sobre su contenido, sin perjuicio de las actuaciones legales que CCOO está considerando emprender contra la actuación inaceptable de nuevo del ministro de Justicia

Reproducimos el correo remitido por el Ministerio de Justicia y adjuntamos enlace a los documentos recibidos

---------- Forwarded message ---------
De: @mjusticia.es>
Date: mié., 8 jul. 2020 a las 19:23
Subject: Acuerdo del Consejo de Ministros/ Aprobación del Plan de actuación

Estimados Srs.:

Por indicación de la Directora General para el Servicio Público de Justicia, nos complace remitirles el Acuerdo del Consejo de Ministros, de 7 de julio de 2020, por el que se aprueba el Plan de actuación de la disposición adicional decimonovena del real decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al covid-19 y en cuyo resultado final hemos contado con su participación y colaboración

En todo caso, es nuestro deseo, con toda seguridad compartido, que la ejecución de este Plan contribuirá a superar la previsible ralentización que sufrían nuestros Juzgados y Tribunales tras la finalización del estado de alarma

Un cordial saludo

Unidad de Apoyo
Dirección General para el Servicio Público de Justica
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Para CCOO, el Ministro de Justicia vuelve a vulnerar el derecho a la negociación colectiva e impone un plan de actuación sin ni siquiera contestar a las propuestas que le hemos remitido lo sindicatos





CONSEJO DE MINISTROS: 7 DE JULIO DE 2020

PARA CCOO, EL MINISTRO DE JUSTICIA HA VUELTO A VULNERAR EL DERECHO A LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA: DENUNCIAMOS QUE EL PLAN DE ACTUACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, QUE HA APROBADO EL CONSEJO DE MINISTROS, SE HA HECHO SIN CONTAR CON EL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y SIN INFORMAR NI SIQUIERA A LOS REPRESENTANTES DEL PERSONAL DE SU CONTENIDO FINAL


Un plan de actuación que CCOO rechaza por ser absolutamente insuficiente, ineficaz, y hacerse a costa de incrementar las cargas de trabajo del personal, sin ninguna garantía de condiciones de trabajo y retribuciones justas

En la única reunión que el Ministerio de Justicia mantuvo con los sindicatos representativos en la que había un texto sobre el que discutir, remitido con tan solo 16 horas de antelación, los portavoces del Ministerio de Justicia se limitaron a oír las propuestas que les hicimos llegar, sin contestar a ninguna 

CCOO estudia todas las acciones legales contra este plan 

La nueva actuación del Ministro de Justicia es una nueva demostración de su nula disposición a negociar con los representantes del personal de la Administración de Justicia todas las cuestiones que afectan de lleno a sus condiciones de trabajo

Ayer, 7 de julio, el Ministro de Justicia aprobó un plan de actuación que ni responde a las necesidades de la Administración de Justicia, ni incluye a todas las jurisdicciones y centros de trabajo afectados por un importante retraso y acumulación de asuntos

Por estas cuestiones, entre otras, CCOO rechaza este plan:

a) Porque no comprende todas las jurisdicciones, fiscalías, registros civiles y servicios en los que el atraso es igual de importante y preocupante

b) Porque no se acepta que el plan tenga una jornada máxima de 40 horas semanales, y que las retribuciones sean iguales, para todo el personal de Justicia, a las fijadas para los LAJ

c) Porque rechazamos que sea un plan por objetivos, que lo convierte en una sobreexplotación de las personas que se acojan al mismo

d) Porque debe ser estrictamente voluntario y no impuesto por jueces y letrados

e) Porque el ministerio de justicia se opone a crear 600 equipos de refuerzo compuestos por 1 LAJ, 2 GTA, 4 TPA y 1 AJ para los órganos jurisdiccionales y 1 LAJ, 1 GTA, 1 TPA y 1 AJ para el resto de oficinas, y a reforzar las plazas de M. Forenses, Cuerpos Especiales del INT ni Personal Laboral, como medida imprescindible para lograr que la administración de justicia se recupere de una vez del retraso

f) Porque no se acepta que los refuerzos externos sean cubiertos mediante sustituciones verticales, cobrando el 100 % de la retribución total del cuerpo que se sustituye y por comisiones de servicio, otorgadas de forma objetiva con relevación de funciones

CCOO PRESENTÓ EL MISMO DÍA 30 DE JUNIO A PRIMERA HORA, A PESAR DE HABER RECIBIDO LA PROPUESTA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA SOLO UNAS HORAS ANTES, UNA PROPUESTA CON DECENAS DE MEDIDAS CONCRETAS QUE SÍ SOLUCIONARÍAN EL PROBLEMA ENDÉMICO DE RETRASOS Y ATASCOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PROPUESTA QUE REMITIMOS POR ESCRITO Y PRESENTAMOS ORALMENTE EN LA REUNIÓN CELEBRADA ESE MISMO DÍA 30 DE JUNIO. ADJUNTAMOS DICHA PROPUESTA:


Además, ni siquiera el Ministerio de Justicia ha remitido a las organizaciones sindicales el texto que ha aprobado el Consejo de Ministros, pues el único texto que se nos remitió la noche del 29 de junio, para una reunión que se convocó por el Ministerio con los sindicatos representativos para la mañana del día siguiente, 30 de junio a las 13 horas (con solo 16 horas de antelación), es el que adjuntamos en este enlace: Propuesta del Ministerio de Justicia

Ayer el Consejo de Ministros aprobó el "ACUERDO por el que se aprueba el plan de actuación de la disposición adicional decimonovena del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19."

El texto publicado por el Ministerio de Justicia en la página del consejo de ministros, que además también se ha publicado en la web del Ministerio de Justicia, es el siguiente, que, como se puede ver, no recoge ningún plan concreto ni las medidas que se van a adoptar, lo que es además, y de nuevo, una falta de transparencia por parte del Ministerio de Justicia

PLAN DE CHOQUE PARA HACER FRENTE A LA LITIGIOSIDAD POSTCOVID-19 Y UNA REFORMA RADICAL EN MATERIA DE DISCAPACIDAD

El Gobierno ha aprobado el plan de choque para aliviar la acumulación de litigios derivada de la crisis sanitaria. Con una dotación económica de más de 50 millones de euros, su objetivo es recuperar la normalidad en los órganos judiciales y aportar mecanismos, recursos y soluciones a las necesidades inmediatas de la Justicia

Durante su intervención en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Campo ha detallado las medidas contenidas en el plan que se desplegará a lo largo de dos fases en los órdenes de lo social, mercantil y contencioso-administrativo y que afectará a un total de 315 juzgados

En la primera fase, entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2020, la intervención tendrá lugar en los juzgados con mayor carga de trabajo. En la segunda fase, que se iniciará el 1 de enero de 2021, se dispondrá de información más completa respecto al volumen de demandas presentadas y su tiempo de resolución, lo que permitirá definir la extensión de las medidas a aplicar para su desarrollo posterior

Se aplicarán medidas de autorrefuerzo en los partidos judiciales con un volumen de trabajo superior al 130% del módulo de entrada determinado por el Consejo General del Poder Judicial. La participación del personal de los juzgados en estos programas de actuación por objetivos se reconocerá con una retribución extraordinaria

Además, se desplegarán refuerzos externos en los órganos judiciales que asumirán un volumen de trabajo superior al doble del módulo de entrada fijado por el CGPJ, así como para aquellos otros que, sin superarlo, presenten cifras de causas pendientes elevadas

Por último, se contemplan medidas estructurales como es la creación de 21 nuevos órganos judiciales para absorber y minimizar el impacto del incremento de procedimientos

En su intervención Campo ha advertido de que se trata de un plan de actuaciones por objetivos sobre las que habrá un seguimiento constante y que permitirá la posibilidad de cambiar y acelerar respuestas a los distintos escenarios que puedan darse en los juzgados en esta etapa postcovid

Reforma procesal y civil en materia de discapacidad

Sobre la reforma procesal y civil en materia de discapacidad a la que ha dado luz verde el Gobierno, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha señalado que se está actuando de manera contundente para conseguir que la toma de decisiones de las personas con discapacidad sea fruto de su voluntad y preferencias, y no sean sustituidas en la toma de decisiones de lo que les afecta. "Es una norma que implanta un cambio de paradigma", ha apostillado

La reforma evitará que, como ocurría hasta ahora, un altísimo porcentaje de las denuncias o avisos recibidos por la fiscalía terminasen en la incapacitación de miles de personas, "lo que implica la muerte civil de las mismas", ha señalado Campo. Esta Ley provee de un apoyo adaptado a cada una de las circunstancias, según el titular de Justicia

Inspirada en el artículo 10 de la Constitución, responde con rotundidad al respeto a la dignidad de la persona, en la tutela de sus derechos fundamentales y en el respeto a la libre voluntad de la persona con discapacidad

Supone un cambio importante de terminología, relegando los términos de "incapacidad" e "incapacitación" por otros más precisos y respetuosos, en línea con la reiterada posición ministerial de la importancia que tiene el lenguaje en el ámbito jurídico

El núcleo principal del proyecto es la regulación de las medidas de apoyo que precisen las personas mayores de edad o emancipadas, para que puedan desarrollar plenamente su personalidad y desenvolverse jurídicamente en condiciones de igualdad. Deben ajustarse a los principios de necesidad y proporcionalidad y atender a la voluntad, deseos y preferencias de la persona que requiera la medida

En definitiva, la nueva ley persigue que las personas con capacidad puedan ejercer su capacidad jurídica en el futuro de una forma mucho más autónoma y con menos tutelaje

El texto se ha beneficiado de las aportaciones por parte de colectivos como CERMI, y espera que la tramitación parlamentaria de la Ley se haga de la manera más rápida posible, bajo el paraguas del mayor consenso político."

Adjuntamos igualmente la nota de CCOO, de rechazo frontal, sobre este plan de actuación del Ministerio de Justicia

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El Secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública se compromete con CCOO a negociar un nuevo acuerdo y a cumplir íntegramente los anteriores


3 jul 2020


El Secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública se compromete con CCOO a negociar un nuevo acuerdo y a cumplir íntegramente los anteriores 

Tras conocer la valoración y los datos expuestos por CCOO, el Secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública trasladará a las CC. AA. y a la FEMP la necesidad de cumplir los acuerdos y la urgencia de culminar las ofertas de empleo público ordinarias y los procesos de estabilización y consolidación 

Ayer tuvo lugar la reunión de la Comisión de Seguimiento del II Acuerdo para la Mejora del Empleo Público y de Condiciones de Trabajo, tras largos meses de ausencia de convocatorias

En primer lugar, CCOO puso de manifiesto la falta de diálogo durante tanto tiempo. Si bien ha podido estar justificada por la crisis sanitaria producida por la Covid-19, no es menos cierto que éste se podía haber tenido como se ha hecho en el ámbito de la mesa de coordinación del empleo público con las CC. AA. y la FEMP

Esta ausencia de diálogo ha generado una falta de coordinación de las medidas que se han ido implementando en las distintas administraciones públicas durante todo el período de confinamiento y desescalada, y una falta de desarrollo de los acuerdos suscritos con función pública en los años 2017 y 2018, hecho que ha repercutido gravemente en los servicios públicos, solo resuelto en parte por el empeño y profesionalidad de las empleadas y empleados públicos

CCOO no puede aceptar la visión inicial, planteada por el Secretario de Estado, de que el grado de cumplimiento del Acuerdo es bueno en general. El sindicato no considera que se hayan cumplido los objetivos principales, ni de recuperación de poder adquisitivo ni de disminución de la temporalidad y la precariedad

Dicho lo anterior, desde el Área Pública de CCOO hemos reclamado al Secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública un calendario que nos permita impulsar los compromisos adquiridos e iniciar la negociación de un nuevo acuerdo que permita seguir recuperando empleo y salarios, implementar las medidas de igualdad y corresponsabilidad en todas las administraciones públicas, recuperar la jornada de 35 horas, una regulación seria del teletrabajo o modalidad no presencial, jubilación anticipada, entre otros

En este sentido, para el sindicato es necesario acabar con la precariedad laboral implantada en el ámbito de las administraciones públicas y terminar con la alta tasa de temporalidad existente, así como recuperar el empleo público perdido desde la anterior crisis de 2008. Para ello es imprescindible eliminar la tasa de reposición y culminar las ofertas de empleo público ordinarias, así como los procesos de estabilización y consolidación 

Los citados procesos y ofertas de empleo ya acumulaban un enorme retraso antes de la pandemia y, como hemos denunciado desde CCOO, entre los diferentes sectores públicos hay más de 293.257 plazas pendientes de ejecutarse de las ofertas de 2017, 2018 y 2019, habiéndose ejecutado solo 60.075, y la mayoría de los sectores tiene pendiente la negociación de las de 2020. El porcentaje de temporalidad se situaba, en el mejor de los casos, en el 19,29% muy lejos del 8% comprometido. Además, existe una gran disparidad entre los diferentes sectores y administraciones, con algunos colectivos con porcentajes de temporalidad cercanos al 100%

CCOO ha insistido en que resulta imprescindible que las administraciones públicas que no están respetando los compromisos adquiridos cumplan los acuerdos, tanto en los aspectos de empleo como en los retributivos. Acuerdos que, en ambas materias, están trasladados íntegramente a los Presupuestos Generales del Estado de 2017 y 2018 que, al tener carácter básico, son de obligado cumplimiento por todas las administraciones públicas y el sector público empresarial. En caso de no respetarse, se estaría incurriendo en una ilegalidad. Igualmente se deben legislar, sin más dilación, las medidas sancionadoras a este respecto y realizar modificaciones normativas que frenen el abuso en la contratación temporal

También es necesario que se convoquen las plazas consideradas estructurales, cubiertas por personal eventual o por programas, en los centros y servicios que tienen un elevado porcentaje de eventualidad, como por ejemplo los hospitales militares, la agencia del medicamento, extranjería, el CSIC u otros centros de investigación

CCOO ha reclamado a la Secretaría de Estado posicionamiento y una exposición de sus líneas de trabajo en relación con la adaptación de la normativa española a la Directiva Europea relativa al Acuerdo Marco sobre trabajo de duración determinada, suscrito por CCOO a través de la CES

Igualmente, desde CCOO hemos pedido aclaraciones y modificaciones del artículo 11 del RDL 23/2020 para asegurar que se puedan aprobar y ejecutar, sin limitaciones ni caducidades, todas las Ofertas de Empleo Público ordinarias así como las de estabilización y consolidación

Por otra parte, CCOO exige que se negocie adecuadamente con la representación de las trabajadoras y trabajadores la regulación del teletrabajo. Es inaceptable que esta consista en un parche unilateral en el EBEP. En este sentido, insistiremos en abrir una negociación en profundidad de la regulación del teletrabajo en el ámbito público, al igual que se ha abierto en el ámbito privado, partiendo de la garantía de la prestación presencial del servicio público, para llegar a un acuerdo marco común que contenga los elementos imprescindibles o de carácter mínimo para que después puedan ser desarrollados en los ámbitos descentralizados

CCOO recuerda que todo lo que tiene que ver con las trabajadoras y trabajadores de los servicios públicos, sus plantillas y sus condiciones laborales debe negociarse con las organizaciones sindicales, y no cerrarse en otros foros

El sindicato también reclama culminar los compromisos con el personal de la AGE, la Ley de Función Pública y el convenio colectivo, entre otras cuestiones

El Secretario de Estado se ha comprometido a iniciar en septiembre las negociaciones de un nuevo acuerdo, compartiendo bastantes de los objetivos y prioridades de CCOO

Después de conocer los datos expuestos por el sindicato, el Secretario de Estado ha mostrado su acuerdo en lo preocupante de la situación, ha manifestado que los acuerdos están para cumplirlos y se ha comprometido a trasladar esta cuestión a las administraciones locales y a las CC. AA., en el marco de la Conferencia Sectorial y de la Mesa de Coordinación del Empleo Público para que se agilicen los procesos ordinarios y de estabilización y consolidación del empleo

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VACACIONES. NUEVO DESPRECIO DEL MINISTERIO A LOS DERECHOS DEL PERSONAL DE JUSTICIA


28 may 2020



Nuevo desprecio del Ministerio de Justicia al derecho de los trabajadores y las trabajadoras a la negociación colectiva de las vacaciones de este verano

CCOO HEMOS VUELTO A DENUNCIAR EN LA REUNIÓN CELEBRADA HOY POR VIDEOCONFERECIA LA FALTA DE PROPUESTAS POR ESCRITO CON CARÁCTER PREVIO A LAS REUNIONES, EL ANUNCIO VERBAL DE LAS PROPUESTAS Y LA EXIGENCIA DE TENER QUE OPINAR EN EL ACTO SOBRE LAS MISMAS, SIN POSIBILIDAD DE CONSULTARLAS CON EL PERSONAL AFECTADO

Hemos vuelto a exigir la convocatoria formal de una mesa de negociación para las vacaciones de los cuerpos de LAJ y generales y especiales del ámbito no transferido y, simultáneamente, la negociación colectiva de las vacaciones de este año en los territorios con competencias transferidas

Madrid, 28 de mayo de 2020

Para la mañana de hoy se convocó ayer a las 21.39 horas de la noche una reunión por videoconferencia del Ministerio de Justicia con las organizaciones sindicales indicando que la misma era para “tratar los asuntos derivados de la habilitación parcial del mes de agosto”. A pesar de que CCOO y otros sindicatos reclamamos que se nos remitirán las propuestas del ministerio antes de la reunión, una vez más se han negado a hacerlo a pesar de que luego hemos comprobado que dichas propuestas afectan, y muy significativamente, a nuestro derecho a vacaciones anuales. Las propuestas del ministerio, verbalmente comunicadas han sido:

1.- El ministerio dictará dos resoluciones; la primera referida a aspectos procesales y a las vacaciones del cuerpo de LAJ, y la segunda referida al resto de cuerpos del ámbito no transferido que las CCAA con competencias transferidas podrán tomar o no en consideración.

2.- En cuanto a los aspectos procesales el ministerio hará simples recomendaciones (ya que dicen no poder ordenarlo) para que respecto a la presentación de escritos, a la realización de comparecencias y a la práctica de diligencias fuera de la sede judicial del 11 al 31 de Agosto solo se hagan de forma telemática salvo las muy urgentes, posponiéndose las no urgentes que exijan presencia física para septiembre.

3.- Para las vacaciones de todos los cuerpos (salvo carrera judicial y fiscal), que dependen directamente del ministerio y como recomendación a las CCAA con competencias transferidas para su personal se plantean tres períodos con el siguiente régimen de vacaciones:

-       Meses de junio, julio y septiembre: tendrá que permanecer en el centro de trabajo un mínimo del 80% de las plantillas.
-       Del 1 al 10 de agosto: solo podrá permanecer en el centro de trabajo un máximo el 10% de las plantillas (podrá ampliarse para los servicios de guardia).
-       Del 11 al 31 de agosto: solo podrá permanecer en el centro de trabajo un máximo que oscilará entre el 20 y el 30% de las plantillas.

4.- Las vacaciones se organizarán con criterios de voluntariedad mediante un cuadro que aprobará la Secretaría de Coordinación o de Gobierno para el cuerpo de LAJ y las gerencias territoriales para el resto de cuerpos en el ámbito no transferido, con el visto bueno de la persona responsable del órgano no vinculante.

Nos informan que estas propuestas no están cerradas y que se las trasladarán también para consulta a las CCAA antes de su aprobación definitiva.

CCOO HEMOS EXIGIDO LA CONVOCATORIA INMEDIATA DE LA MESA DE NEGOCIACIÓN DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y QUE SE NOS REMITA PREVIAMENTE POR ESCRITO LA PROPUESTA QUE SERÁ NEGOCIADA

ANTE ESTA LIMITACIÓN EXTRAORDINARIA Y NO JUSTIFICADA DE NUESTRO DERECHO A VACACIONES ANUALES Y A LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL, PERSONAL Y FAMILIAR CCOO HEMOS EXPRESADO NUESTRA TOTAL OPOSICIÓN Y UTILIZAREMOS TODOS LOS MEDIOS LEGALES DE QUE DISPONEMOS PARA IMPEDIR ESTA IMPORTANTÍSIMA MODIFICACIÓN DE NUESTRAS CONDICIONES DE TRABAJO DE FORMA UNILATERAL Y SIN LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA A QUE OBLIGA LA LEY

En otro orden de cosas, CCOO hemos reiterado otras exigencias ya formuladas por escrito:

-       Que se dicte de inmediato la resolución correspondiente para volver a la normalidad en la jornada y horario de los registros civiles ya que se está obligando en muchos casos a compañeros y compañeras a asistir en jornada de tarde cuando llevan semanas sin asistir en dicho horario ninguna funeraria para tramitar las defunciones.
-       Que se ordene a la Gerencia de la MUGEJU el pago inmediato de los subsidios por incapacidad laboral y permanente y de las prestaciones solicitadas antes y durante el estado de alarma, cuyo abono está paralizado, si bien, a esta hora, acabamos de confirmar que las prestaciones pendientes solicitadas antes del Estado de Alarma se empezarán a abonar de inmediato.
-       Que se garantice el cumplimiento de las medidas preventivas para evitar contagios (distancia de seguridad, aislamiento en casos de contacto estrecho, disponibilidad de EPIs en todos los puestos de trabajo).

                                          


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BOE de 23 de mayo de 2020: publicada la Orden de incorporación a la Fase 2 de toda la Administración de Justicia. Se reanudan los plazos procesales y administrativos


23 may 2020



BOE de 23 de mayo de 2020: se publica la Orden de incorporación a la Fase 2 de toda la Administración de Justicia

Se reanudan, además, los plazos procesales y administrativos desde el 4 de junio y el 1 de junio respectivamente 

CORTES GENERALES

Estado de alarma. Prórroga

Resolución de 20 de mayo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo

PDF (BOE-A-2020-5240 - 3 págs. - 225 KB)   Otros formatos

Entre las medidas que incluye esta Resolución:

Noveno.

Con efectos desde el 4 de junio de 2020, se derogará la disposición adicional segunda del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, relativa a la suspensión de plazos procesales. Se alzará la suspensión en esa misma fecha.

Décimo.

Con efectos desde el 1 de junio de 2020, se derogará la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, relativa a la suspensión de plazos administrativos. Desde esa misma fecha, el cómputo de los plazos que hubieran sido suspendidos se reanudará, o se reiniciará, si así se hubiera previsto en una norma con rango de ley aprobada durante la vigencia del estado de alarma y sus prórrogas



MINISTERIO DE JUSTICIA


Estado de alarma. Administración de Justicia


Orden JUS/430/2020, de 22 de mayo, por la que se activa la Fase 2 del Plan de Desescalada para la Administración de Justicia ante el COVID-19

PDF (BOE-A-2020-5241 - 3 págs. - 226 KB)   Otros formatos


En esta orden se incluye, entre otras cuestiones, de las que hemos venido informando desde la noche del jueves pasado, 21 de mayo:

Primero

Se activa la Fase 2 del Plan de desescalada para la Administración de Justicia ante el COVID-19 establecido en el anexo II de la Orden JUS/394/2020, de 8 de mayo, por la que se aprueba el Esquema de Seguridad Laboral y el Plan de desescalada para la Administración de Justicia ante el COVID-19.

Dicha activación tendrá efectos desde el 26 de mayo de 2020.


Los criterios para la implantación de esta Fase 2 se establecen en el anexo de la presente orden ministerial

Uno. El apartado 1 del punto 8 del anexo I de la Orden JUS/394/2020, de 8 de mayo, queda redactado como sigue:

«1. El uso de mascarilla será obligatorio en los casos que la autoridad sanitaria determine.»


ANEXO


Criterios de aplicación de la Fase 2

1. Presencia en turnos. El porcentaje de personal que atenderá los turnos en esta fase (60-70%) se calculará sobre la plantilla efectiva de cada órgano o servicio, incluyendo a los funcionarios de gestión procesal y administrativa, los funcionarios de tramitación procesal y administrativa y los de auxilio judicial.

2. Establecimiento de turno de tardes

Se establecerán turnos de tarde cuando el número de funcionarios que acuda a cubrir el turno de trabajo impida garantizar el mantenimiento de las medidas de seguridad.

Los turnos de tarde se establecerán en las condiciones previstas en el anexo III de la Orden JUS/394/2020, de 8 de mayo.

En los centros de destino en los que no se establezca turno de tarde y estén garantizadas las medidas de seguridad, la jornada horaria será la misma que se viniera realizando con anterioridad a la declaración del estado de alarma.


4. Exclusión formal de participación presencial en turnos.
No podrá ser llamado a formar parte de los turnos presenciales el personal que tenga reconocidos permisos por patologías susceptibles de agravarse por efecto del COVID-19, en tanto no se verifique por el servicio de prevención en qué condiciones puede prestar servicio en situación de seguridad

Tampoco será llamado a formar parte de los turnos presenciales el personal que tenga reconocidos permisos por razón de deber inexcusable, sin perjuicio de su preferencia para formar parte de los turnos de tarde, si ese horario se ajusta a sus necesidades

El permiso por deber inexcusable durante esta fase afectará a los empleados con hijos/hijas menores de 14 años, o con personas mayores de esta edad dependientes a su cargo que necesitasen atención para realizar actividades básicas de la vida diaria, y que no pudieran flexibilizar su horario de trabajo con las alternativas existentes en su ámbito territorial, o que no pudieran desarrollar su actividad ordinaria en la modalidad de teletrabajo.

Corresponderá a cada administración competente determinar la forma de acreditación y justificación de las circunstancias sujetas a estos criterios de exclusión formal.


5. Realización de funciones mediante teletrabajo. Los funcionarios voluntariamente acogidos a la modalidad de teletrabajo participarán en los turnos presenciales cuando sea imprescindible para completar los porcentajes de prestación de servicios en régimen presencial


CCOO ya avanzó nuestra tremenda preocupación ante las consecuencias de la aplicación desde el 26 de mayo de esta nueva orden en toda la Administración de Justicia, sin haber realizado con carácter previo las correspondientes e imprescindibles evaluaciones de riesgo, pues no existen garantías en muchos centros de trabajo de que las medidas preventivas se vayan a cumplir con la consiguiente consecuencia de una eventual rebrote de los contagios en la Administración de Justicia:

EL MINISTERIO DE JUSTICIA INSISTE EN INICIAR EL PRÓXIMO DÍA 26 LA FASE 2 DE LA DESESCALADA, CON INCORPORACIÓN PRESENCIAL DE ENTRE EL 60 Y EL 70% DE LA PLANTILLA, EN TODOS LOS CENTROS DE TRABAJO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

CCOO ha vuelto a señalar como una irresponsabilidad que esta desescalada no se haga de forma asimétrica por provincias o comarcas igual que para el conjunto de la ciudadanía

Hemos reclamado que, aunque de forma oficial la fase 2 se inicie finalmente el día 26, la incorporación del 60 al 70% de la plantilla no se haga efectiva en cada centro de trabajo hasta que se evalúe por personal técnico el aforo máximo de esa oficina, manteniéndose mientras tanto la plantilla presencial actual de entre el 30 y el 40%

CCOO HA ADVERTIDO QUE SI SE ORDENA LA INCORPORACIÓN DE UN 60-70% DE PLANTILLA EN CENTROS DE TRABAJO SIN HABERSE REALIZADO LA EVALUACIÓN DE RIESGOS Y SIN HABERSE COMPROBADO QUE LOS DATOS DE CONTAGIO SON FAVORABLES, DENUNCIAREMOS NUEVAMENTE AL MINISTERIO DE JUSTICIA ANTE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y EXIGIREMOS LAS RESPONSABILIDADES QUE CORRESPONDAN A QUIEN DE FORMA TEMERARIA SIGA PONIENDO EN RIESGO LA SALUD DEL PERSONAL INCUMPLIENDO DELIBERADAMENTE LA LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES


Enlace a la información de CCOO sobre la negociación de esta Orden, publicada la noche del 21 de mayo
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Convocada reunión con el Ministerio de Justicia para el pase a la fase 2 de la desescalada sin ninguna información previa


20 may 2020



CONVOCADA PARA MAÑANA, DÍA 21, REUNIÓN DEL MINISTERIO DE JUSTICIA CON CCOO Y EL RESTO DE ORGANIZACIONES SINDICALES “PARA TRATAR DE LA FASE 2 DEL PLAN DE DESESCALADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA”

CCOO no dará su apoyo al acceso a la fase 2 si continúan sin garantizarse las medidas preventivas ni tampoco en los territorios en los que el Gobierno mantiene las fases 0 ó 1 para el conjunto de la ciudadanía

El Ministerio acaba de convocar hoy la reunión sin remitirnos ningún tipo de propuesta ni información, por lo que es previsible que se nos vuelva a presentar una propuesta cerrada sin posibilidad de aportaciones por parte de los trabajadores y las trabajadoras a través de sus representantes sindicales.

Para el viernes, día 22, se ha convocado reunión de la Comisión de Seguimiento con el Ministerio de Justicia, CGPJ, Fiscalía General del Estado, CCAA con competencias transferidas y Consejo General de la Abogacía, donde se siguen tomando las decisiones excluyendo, por decisión inaceptable del Ministro, a la representación de 55.000 trabajadores y trabajadoras que somos el personal más afectado.

Al parecer mantienen su empeño en acceder a la siguiente fase de forma simultánea en toda España sin respetar los criterios de sanidad de mantener las fases más restrictivas para la movilidad en algunos territorios, como si el personal de Justicia fuésemos de inferior categoría que el resto de la ciudadanía en lo que se refiere a la protección de la salud

CCOO ha solicitado al Ministerio que nos informe de su propuesta para la fase 2 de la desescalada previamente a la reunión de mañana y que se nos facilite la siguiente información que, hasta ahora, se niegan a darnos con total desprecio hacia nuestro colectivo:

1. Datos actualizados de contagios por COVID-19 en la Administración de Justicia, como elemento imprescindible para evaluar la conveniencia o no de acceder a una nueva fase en la desescalada. De dichos datos no tenemos conocimiento desde que se facilitaron los relativos al 23 de abril, hace ya casi un mes

2. Datos sobre el aforo o capacidad máxima de cada una de las oficinas y salas de vistas para poder garantizar la distancia de seguridad de 2 metros entre el personal y de éste con el público y profesionales. Este dato es imprescindible para posibilitar la incorporación presencial del doble de las plantillas actualmente previstas y determinar la utilidad y posibilidad de la jornada de tarde. Asimismo debe indicarse qué personal u organismo técnico en prevención de riesgos laborales ha realizado la medición de los espacios, el sistema utilizado y la fecha de visita, en su caso, a los centros de trabajo.

3. Actuaciones llevadas a cabo por las administraciones competentes para que doten a todos los órganos, oficinas judiciales y fiscalías de los medios e instrumentos electrónicos y de los sistemas de información necesarios y suficientes para poder desarrollar su función eficientemente y para que estos sistemas serán plenamente accesibles y operativos sin necesidad de que los usuarios se encuentren físicamente en las sedes de sus respectivos órganos, oficinas o fiscalías. Y asimismo las actuaciones llevadas a cabo por el Ministerio de Justicia para exigir a las CCAA con competencias transferidas el cumplimiento de esta obligación legal, que es imprescindible para que se puedan llevar a la práctica medidas preventivas de vital importancia como la realización de comparecencias y vistas mediante sistemas telemáticos o el desarrollo de planes de teletrabajo.

4. Porcentaje de plantilla que está trabajando de forma presencial en cada uno de los Registros Civiles de toda España

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El Ministro de Justicia, amparado por el Gobierno, toma la decisión de levantar la suspensión de los plazos procesales con absoluto desprecio a trabajadores y trabajadoras




EL MINISTERIO DE JUSTICIA, AMPARADO POR EL GOBIERNO, TOMA ESTA DECISIÓN CON ABSOLUTO DESPRECIO A TRABAJADORES Y TRABAJADORAS A QUIENES NI CONSULTA NI INFORMA Y A QUIENES SIGUE SIN GARANTIZAR LA PROTECCIÓN PLENA EN LOS PUESTOS DE TRABAJO PARA EVITAR LOS CONTAGIOS POR COVID-19

Desde el 23 de abril, hace casi un mes, el ministerio está ocultando los datos de contagio en la Administración de Justicia y sigue sin aceptar que las medidas de protección son obligatorias y que donde no se cumplen no se puede trabajar

El Consejo de Ministros/as de ayer, a propuesta del Ministro de Justicia, acordó incorporar a la prórroga del Estado de Alarma, que se somete hoy a la aprobación del Congreso, la reanudación de los plazos procesales a partir del 4 de junio. Esto supondrá que todas las actuaciones judiciales se podrán llevar a cabo como si estuviéramos en un estado de absoluta normalidad. La realidad, sin embargo, es muy diferente.

Para atender todas las actuaciones judiciales sin ninguna limitación es necesario, al menos, el trabajo del 100% de las plantillas y todo el mundo sabe, incluso el Ministro, que en muchísimos centros de trabajo es imposible la presencia toda la plantilla (además del público y profesionales) garantizando la distancia de seguridad de 2 metros.

CCOO ha reiterado hasta la saciedad:

  • Que es imprescindible que los Servicios de Prevención, con la participación de los/as delegados/as de prevención, evalúen el aforo de las oficinas antes de disponer la incorporación de más plantilla presencial.
  • Que de forma inmediata debe procederse por el Ministerio y las CCAA a la compra o alquiler de nuevos edificios que permitan la incorporación de la plantilla con garantías para su salud.
  • Que mientras dure la alerta sanitaria debe ser obligatoria en todos los territorios la implantación, previamente negociada, de sistemas de teletrabajo.
  • Que ante la imposibilidad de atender todos los asuntos se prioricen aquéllos que afectan a los colectivos más desfavorecidos (trabajadores/as frente a empresas y administraciones, colectivos afectados directamente por la pandemia, mujeres víctimas de la violencia machista, menores, etc.) y no se practiquen otras actuaciones hasta que éstas prioritarias estén “al día”.
  • Que no se vulneren los derechos del personal con jornadas de tarde obligatorias o procesos de movilidad forzosa.
  • Que el Ministerio cumpla su obligación legal de vigilar la salud de su personal, lo que solo puede hacerse mediante la realización de test que detecten los contagios y eviten su propagación.

El Ministro Juan Carlos Campo ha optado desde el principio de la pandemia por tomar sus decisiones sobre nuestra salud en el trabajo tratándonos como a un rebaño de animales que se lleva y se trae al antojo de los pastores, anteponiendo a nuestro derecho a la salud la reactivación a toda costa de una ficticia normalidad en la tramitación de los procedimientos. Ha ignorado la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y el Estatuto Básico del Empleado Público incumpliendo sus obligaciones legales de consulta, participación, información y negociación colectiva.

Es extremadamente grave (e ilegal a juicio de CCOO) que desde hace casi un mes los trabajadores y las trabajadoras no tengamos conocimiento del número de personas contagiadas por el coronavirus en la Administración de Justicia, dato que el Ministerio nos oculta de forma deliberada, como así lo hemos denunciado junto con el resto de incumplimientos de la ley ante la Inspección de Trabajo, a la que hemos solicitado que se exijan las responsabilidades administrativas y, en su caso, penales y civiles que pudieran derivarse de la actuación de las personas responsables.

CCOO también tiene como objetivo que el Servicio Público de la Administración de Justicia se reanude lo antes posible en las mejores condiciones para la ciudadanía, especialmente en lo que afecta a los colectivos más desfavorecidos, pero eso, Sr. Ministro, no puede hacerse a costa de la salud del personal. Hay otras formas de hacerlo y las que está ordenando unilateralmente el ministro Campo están en un camino absolutamente equivocado.
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