El Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad supone el mayor atentando a la sociedad española en los últimos años. Por ello, es necesario salir a la calle, movilizarse, necesitamos que este Gobierno deslegitimado retire las medidas de recorte y atienda a la ciudadanía antes de aceptar las medidas exigidas por la Unión Europea.
El Gobierno, en un nuevo intento de responder al insaciable mercado financiero, a través de un nuevo real decreto-ley, como acostumbra, ha decidido modificar las condiciones sociales y laborales de millones de españoles y españolas, además de establecer un nuevo sistema impositivo que lastra a las economías con menor capacidad económica y recorta salarios, permisos y derechos sindicales en el empleo público.
Con una apuesta claramente ideológica el Gobierno no sólo sigue destruyendo el estado social y democrático que recoge nuestro marco constitucional, sino que ni tan siquiera es capaz, castigando duramente a la ciudadanía, de contentar a unos mercados en los que el 16 de julio, la bolsa cayó 1,99 puntos y la prima de riesgo sigue subiendo.
Las medidas que recortan los salarios y los derechos de los empleados y empleadas públicos y que anulan acuerdos alcanzados anteriormente, son una demostración más del talante soberbio y autoritario que este Gobierno y el partido en el poder. La demostración es diaria y constante, pero reflejó su umbral máximo en la comparencia del presidente en el parlamento y los consabidos aplausos y vítores del Partido Popular.
Todas las medidas económicas del real decreto-ley están siendo dictadas por la Unión Europea y el FMI, lo que de hecho suponen la intervención de España. Afectan a las y los empleados públicos y a los sectores más débiles de la sociedad, como los parados, y además restan poder adquisitivo a las rentas medias y bajas, sin dar la posibilidad de recuperación económica, y sin que exista ni una sola de las medidas aprobadas que involucre ni suponga un esfuerzo para las grandes empresas. Unas empresas que, según datos de Comisión Nacional del Mercado de Valores, han tenido un incremento del 5% en sus consejos de administración, mientras que los altos cargos de las grandes empresas españolas han aumentado sus ingresos una media del 3%. La eliminación de la paga extra de los empleados públicos paradójicamente sin realizar una amnistía fiscal que es una autentica burla a la ciudadanía de este país y un descenso en las cotizaciones sociales de dos puntos para los próximos años.
Recorte de la paga extraordinaria
Uno de los temas que aborda el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, de los nuevos recortes, es la supresión de las pagas extras, que supone una nueva reducción salarial para las personas trabajadoras de los servicios públicos, tras el recorte del 5% en el año 2010.
El decreto, dice en su preámbulo, que se suprime durante el año 2012 la paga extraordinaria del mes de diciembre y la paga adicional de complemento específico o pagas adicionales equivalentes del mes de diciembre. Las cantidades derivadas de esa supresión podrán destinarse en ejercicios futuros a realizar aportaciones a planes de pensiones o contratos de seguro colectivo que incluyan la contingencia de jubilación. Sin embargo, cuando se lee el Artículo 2 del Real Decreto-ley 20/2012, donde se relaciona, no menciona absolutamente nada de la presunta recuperación, de modo que ésta se queda exclusivamente en una declaración de intenciones sin ningún tipo de validez. De este modo, nuevamente engaña, diciendo una cosa y haciendo otra.
Cuando se aplica un recorte total de una nómina, como en este caso, el peso cae en mayor medida sobre las personas más débiles, porque el porcentaje de pérdida es mucho más elevado para éstas. Por ejemplo, si una persona empleada gana 20.000 euros brutos y se le reduce su paga -pongamos 1.400 euros brutos-, el porcentaje es superior al 7%, en cambio si gana 60.000 brutos y su paga es de 3.500 su porcentaje es inferior al 6%. Esto supone que cuanto más se gana, menor es el porcentaje de salario que pierdes, aquí es donde este Gobierno demuestra lo poco que le importa la gente, le da igual recortar a alguien que gane 900 ó 1.000 euros netos que alguien que gane 3.000.
Tras el recorte aplicado en 2010 sobre la paga extra este nuevo recorte grava más a los grupos más bajos. La variedad de puestos en las Administraciones hace muy difícil hallar el porcentaje de reducción, pero tomando una media en los niveles y específicos el resultado es el siguiente:
A1: 6,20%; A2: 6,35%; C1:6,70%; C2:7,15%; E:7,5% y laborales 7,5%
Y por último, mención especial merece la muestra de cinismo con que el Gobierno quiere vender a la opinión publica el recorte en la paga extraordinaria del personal de los servicios públicos, la que dice supondrá un ahorro de 4.500 millones de euros y creará empleo. Este ahorro no supone creación de empleo. No es más que la continuación de una espiral de recortes y congelaciones iniciada en 2010, que continuó en 2011, y que se ve profundamente aumentada en 2012 y que nos tememos continuará incrementándose en 2013 y 2014, tal y como establece el documento "Additional fiscal measures undertaken by the Spanish Government on july 13th, 2012" entregado a los inversores extranjeros por el Gobierno de España.
Vacaciones, asuntos propios y movilidad
Este Gobierno no solo está dispuesto a recortar en gastos y a aumentar los ingresos por la vía impositiva, también está dispuesto a hacer desaparecer cualquier derecho que los trabajadores y las trabajadoras tengan.
La reforma laboral introdujo de manera clara y contundente un cambio en las relaciones laborales en nuestro país, para ello se introdujeron medidas que restaban derechos a la clase trabajadora. Ahora, el Gobierno aplica una reforma laboral destinada a la Función Pública y para ello ha decidido reducir los días de libre disposición, además, de suprimir los días adicionales por antigüedad, tanto en el caso de las vacaciones como en el de los días por asuntos particulares, se introducen medidas de reasignación de personal y de movilidad.
Todas estas reducciones fueron precedidas por un informe que presentó el Ministerio de Hacienda y Administraciones Publicas a las comunidades autónomas donde dice claramente que la aminoración de días y derechos suponía la nacionalización de las plantillas de los organismos públicos, es decir, se abre la puerta al despido en todas las administraciones.
Los eufemismos utilizados son tan viles que no se atreve a poner claramente que estas medidas pretenden: por un lado, el aumento de jornada, mediante la reducción de días de vacaciones y asuntos propios, supone la reducción de puestos de trabajo, por otro lado, esta medida pretende suprimir las productividades de mayor dedicación que tanto abundan en la administración, especialmente en la Administración General del Estado. Cuando se suprimen los días de vacaciones y asuntos propios se aumenta la jornada anual que pasará a ser superior a 37 horas y media.
Por último, la reasignación y movilidad del personal que se recoge en el (Artículo 15) "…se adoptarán criterios vinculantes de movilidad y asignación de puestos en dicho ámbito, teniendo la competencia para acordar, en su caso, los cambios de adscripción de puestos, o redistribución de efectivos, que sean necesarios para una asignación más eficiente y adecuada de los recursos humanos."
Esta medida supone la ruptura de las condiciones de los empleados públicos tanto en lo concerniente a su lugar de trabajo, como a sus funciones o incluso a su grupo profesional, medidas que ya están recogidas en la reforma laboral y que ahora se incorporan unilateralmente a la administración y empresas publicas por la vida del decreto ley.
Reforma, reducciones y pérdida de derechos
La reforma del Gobierno, además de los recortes salariales, supone un cambio en las relaciones laborales en la Administración, ya que suprime acuerdos, pactos y convenios y modifica las bases de cotización y jubilaciones de los empleados públicos. Además elimina el complemento por IT.
La suspensión de pactos y acuerdos aparece en los artículos 7, 16 y la Disposición Adicional Segunda. Se suspenden con carácter general todos los acuerdos, pactos y convenios en las materias que se opongan a lo dispuesto en el RDL. Se establece como causa motivadora suficiente para la suspensión de acuerdos, pactos y convenios el hecho de que las que sirvan de base a la adopción por las Administraciones o entidades "de medidas o planes de ajuste, de reequilibrio de las cuentas públicas o de carácter económico financiero para asegurar la estabilidad presupuestaria o la corrección del déficit público".
En lo referente a la cotización al Régimen General de la Seguridad Social se han incluido modificaciones a través del artículo 5 y del 11. Se unifica con el régimen general la edad de jubilación obligatoria. Se derogan las posibilidades de prórroga de jubilación y jubilación parcial. Medidas éstas que afectan a todo el sector público, tal y como establece la Ley General de Presupuestos.
También se modifican los complementos por IT, tal y como establece el Artículo 9 del real decreto ley, e establecen límites máximos a la capacidad de las Administraciones de complementar las prestaciones por IT de todo el personal al servicio de las Administraciones Públicas, organismos y entidades dependientes y órganos constitucionales, establecido este nuevo criterio:
- Durante los tres primeros días, la prestación reconocida o el complemento alcanzará como máximo el cincuenta por ciento de las retribuciones.
- Desde el cuarto día hasta el vigésimo, la prestación reconocida o el complemento en ningún caso superará el setenta y cinco por ciento de las retribuciones.
Todas estas medidas suponen importantes recortes salariales, de condiciones laborales y de derechos para el personal empleado público al incorporar por primera la suspensión de los convenios y acuerdos. Esta medida avanza un paso más en la destrucción de derecho al que ya se diera en la reforma laboral.
Por todo ello, es necesario salir a la calle, movilizarse, necesitamos que este Gobierno deslegitimado retire las medidas de recorte y atienda a la ciudadanía antes de aceptar las medidas exigidas por la Unión Europea. --------------------------------
- Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. (BOE 14/07/2012) [Enlace al texto consolidado que incluye la corrección de errores publicada en le BOE de 19 de julio: http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-9364 ]
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Con una apuesta claramente ideológica el Gobierno no sólo sigue destruyendo el estado social y democrático que recoge nuestro marco constitucional, sino que ni tan siquiera es capaz, castigando duramente a la ciudadanía, de contentar a unos mercados en los que el 16 de julio, la bolsa cayó 1,99 puntos y la prima de riesgo sigue subiendo.
Las medidas que recortan los salarios y los derechos de los empleados y empleadas públicos y que anulan acuerdos alcanzados anteriormente, son una demostración más del talante soberbio y autoritario que este Gobierno y el partido en el poder. La demostración es diaria y constante, pero reflejó su umbral máximo en la comparencia del presidente en el parlamento y los consabidos aplausos y vítores del Partido Popular.
Todas las medidas económicas del real decreto-ley están siendo dictadas por la Unión Europea y el FMI, lo que de hecho suponen la intervención de España. Afectan a las y los empleados públicos y a los sectores más débiles de la sociedad, como los parados, y además restan poder adquisitivo a las rentas medias y bajas, sin dar la posibilidad de recuperación económica, y sin que exista ni una sola de las medidas aprobadas que involucre ni suponga un esfuerzo para las grandes empresas. Unas empresas que, según datos de Comisión Nacional del Mercado de Valores, han tenido un incremento del 5% en sus consejos de administración, mientras que los altos cargos de las grandes empresas españolas han aumentado sus ingresos una media del 3%. La eliminación de la paga extra de los empleados públicos paradójicamente sin realizar una amnistía fiscal que es una autentica burla a la ciudadanía de este país y un descenso en las cotizaciones sociales de dos puntos para los próximos años.
Recorte de la paga extraordinaria
Uno de los temas que aborda el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, de los nuevos recortes, es la supresión de las pagas extras, que supone una nueva reducción salarial para las personas trabajadoras de los servicios públicos, tras el recorte del 5% en el año 2010.
El decreto, dice en su preámbulo, que se suprime durante el año 2012 la paga extraordinaria del mes de diciembre y la paga adicional de complemento específico o pagas adicionales equivalentes del mes de diciembre. Las cantidades derivadas de esa supresión podrán destinarse en ejercicios futuros a realizar aportaciones a planes de pensiones o contratos de seguro colectivo que incluyan la contingencia de jubilación. Sin embargo, cuando se lee el Artículo 2 del Real Decreto-ley 20/2012, donde se relaciona, no menciona absolutamente nada de la presunta recuperación, de modo que ésta se queda exclusivamente en una declaración de intenciones sin ningún tipo de validez. De este modo, nuevamente engaña, diciendo una cosa y haciendo otra.
Cuando se aplica un recorte total de una nómina, como en este caso, el peso cae en mayor medida sobre las personas más débiles, porque el porcentaje de pérdida es mucho más elevado para éstas. Por ejemplo, si una persona empleada gana 20.000 euros brutos y se le reduce su paga -pongamos 1.400 euros brutos-, el porcentaje es superior al 7%, en cambio si gana 60.000 brutos y su paga es de 3.500 su porcentaje es inferior al 6%. Esto supone que cuanto más se gana, menor es el porcentaje de salario que pierdes, aquí es donde este Gobierno demuestra lo poco que le importa la gente, le da igual recortar a alguien que gane 900 ó 1.000 euros netos que alguien que gane 3.000.
Tras el recorte aplicado en 2010 sobre la paga extra este nuevo recorte grava más a los grupos más bajos. La variedad de puestos en las Administraciones hace muy difícil hallar el porcentaje de reducción, pero tomando una media en los niveles y específicos el resultado es el siguiente:
A1: 6,20%; A2: 6,35%; C1:6,70%; C2:7,15%; E:7,5% y laborales 7,5%
Y por último, mención especial merece la muestra de cinismo con que el Gobierno quiere vender a la opinión publica el recorte en la paga extraordinaria del personal de los servicios públicos, la que dice supondrá un ahorro de 4.500 millones de euros y creará empleo. Este ahorro no supone creación de empleo. No es más que la continuación de una espiral de recortes y congelaciones iniciada en 2010, que continuó en 2011, y que se ve profundamente aumentada en 2012 y que nos tememos continuará incrementándose en 2013 y 2014, tal y como establece el documento "Additional fiscal measures undertaken by the Spanish Government on july 13th, 2012" entregado a los inversores extranjeros por el Gobierno de España.
Vacaciones, asuntos propios y movilidad
Este Gobierno no solo está dispuesto a recortar en gastos y a aumentar los ingresos por la vía impositiva, también está dispuesto a hacer desaparecer cualquier derecho que los trabajadores y las trabajadoras tengan.
La reforma laboral introdujo de manera clara y contundente un cambio en las relaciones laborales en nuestro país, para ello se introdujeron medidas que restaban derechos a la clase trabajadora. Ahora, el Gobierno aplica una reforma laboral destinada a la Función Pública y para ello ha decidido reducir los días de libre disposición, además, de suprimir los días adicionales por antigüedad, tanto en el caso de las vacaciones como en el de los días por asuntos particulares, se introducen medidas de reasignación de personal y de movilidad.
Todas estas reducciones fueron precedidas por un informe que presentó el Ministerio de Hacienda y Administraciones Publicas a las comunidades autónomas donde dice claramente que la aminoración de días y derechos suponía la nacionalización de las plantillas de los organismos públicos, es decir, se abre la puerta al despido en todas las administraciones.
Los eufemismos utilizados son tan viles que no se atreve a poner claramente que estas medidas pretenden: por un lado, el aumento de jornada, mediante la reducción de días de vacaciones y asuntos propios, supone la reducción de puestos de trabajo, por otro lado, esta medida pretende suprimir las productividades de mayor dedicación que tanto abundan en la administración, especialmente en la Administración General del Estado. Cuando se suprimen los días de vacaciones y asuntos propios se aumenta la jornada anual que pasará a ser superior a 37 horas y media.
Por último, la reasignación y movilidad del personal que se recoge en el (Artículo 15) "…se adoptarán criterios vinculantes de movilidad y asignación de puestos en dicho ámbito, teniendo la competencia para acordar, en su caso, los cambios de adscripción de puestos, o redistribución de efectivos, que sean necesarios para una asignación más eficiente y adecuada de los recursos humanos."
Esta medida supone la ruptura de las condiciones de los empleados públicos tanto en lo concerniente a su lugar de trabajo, como a sus funciones o incluso a su grupo profesional, medidas que ya están recogidas en la reforma laboral y que ahora se incorporan unilateralmente a la administración y empresas publicas por la vida del decreto ley.
Reforma, reducciones y pérdida de derechos
La reforma del Gobierno, además de los recortes salariales, supone un cambio en las relaciones laborales en la Administración, ya que suprime acuerdos, pactos y convenios y modifica las bases de cotización y jubilaciones de los empleados públicos. Además elimina el complemento por IT.
La suspensión de pactos y acuerdos aparece en los artículos 7, 16 y la Disposición Adicional Segunda. Se suspenden con carácter general todos los acuerdos, pactos y convenios en las materias que se opongan a lo dispuesto en el RDL. Se establece como causa motivadora suficiente para la suspensión de acuerdos, pactos y convenios el hecho de que las que sirvan de base a la adopción por las Administraciones o entidades "de medidas o planes de ajuste, de reequilibrio de las cuentas públicas o de carácter económico financiero para asegurar la estabilidad presupuestaria o la corrección del déficit público".
En lo referente a la cotización al Régimen General de la Seguridad Social se han incluido modificaciones a través del artículo 5 y del 11. Se unifica con el régimen general la edad de jubilación obligatoria. Se derogan las posibilidades de prórroga de jubilación y jubilación parcial. Medidas éstas que afectan a todo el sector público, tal y como establece la Ley General de Presupuestos.
También se modifican los complementos por IT, tal y como establece el Artículo 9 del real decreto ley, e establecen límites máximos a la capacidad de las Administraciones de complementar las prestaciones por IT de todo el personal al servicio de las Administraciones Públicas, organismos y entidades dependientes y órganos constitucionales, establecido este nuevo criterio:
- Durante los tres primeros días, la prestación reconocida o el complemento alcanzará como máximo el cincuenta por ciento de las retribuciones.
- Desde el cuarto día hasta el vigésimo, la prestación reconocida o el complemento en ningún caso superará el setenta y cinco por ciento de las retribuciones.
Todas estas medidas suponen importantes recortes salariales, de condiciones laborales y de derechos para el personal empleado público al incorporar por primera la suspensión de los convenios y acuerdos. Esta medida avanza un paso más en la destrucción de derecho al que ya se diera en la reforma laboral.
Por todo ello, es necesario salir a la calle, movilizarse, necesitamos que este Gobierno deslegitimado retire las medidas de recorte y atienda a la ciudadanía antes de aceptar las medidas exigidas por la Unión Europea. --------------------------------
- Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. (BOE 14/07/2012) [Enlace al texto consolidado que incluye la corrección de errores publicada en le BOE de 19 de julio: http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-9364 ]
