El Gobierno incluye al
personal funcionario de las Administraciones Públicas (también al de la Administración de Justicia)
en la disposición adicional segunda sobre compatibilidad entre el cobro del 50%
de la pensión y un trabajo en el sector privado.
Esta reforma pudiera ser
la puerta que utilice el Gobierno para modificar o suprimir la jubilación
anticipada voluntaria del personal de clases pasivas, con el 100% del salario a
los 60 años y con 35 de cotización, pues ya ha anunciado su pretensión de
realizar la modificación unilateral del real decreto legislativo 670/1987, de
30 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de clases
pasivas del estado.
