En la petición de CCOO a De Llera se recoge que “decenas de personas de la Administración de Justicia destinadas en los Servicios Comunes de Actos de Comunicación y Ejecución de Andalucía o en los juzgados de las localidades donde no existen estos servicios comunes se ven obligados a diario a aplicar la injusta normativa legal vigente en materia de desahucios expulsando, en cumplimiento de sus funciones y de las órdenes de sus superiores, a familias que se ven abocadas muchas veces a situaciones extremas de exclusión social y marginalidad”
Además,el personal empleado público de la Administración de Justicia obligado a ejecutar los lanzamientos se ve sometido en materia de salud laboral a factores de riesgos psicosociales extremos, catalogados por las propias administraciones públicas en multitud de documentos y normativas. Padecen un conflicto psicosocial al tener que llevar a la práctica actuaciones que consideran manifiestamente injustas y fácilmente evitables lo que puede influir negativamente en su salud.
Por último, se añade el “riesgo físico de agresiones por parte de ciudadanos y ciudadanas lógicamente indignadas que no siempre pueden discernir entre la ley y su ejecutor y que pueden pagar su justificada desesperación con la persona mensajera que no tiene más remedio que llevar a la práctica las resoluciones judiciales so pena de incurrir en faltas disciplinarias o incluso en delito”. Este riesgo físico se ha consumado, al menos en una ocasión, en el pasado mes de diciembre, cuando una funcionaria del Servicio Común de Notificaciones y Embargos de Sevilla ha resultado lesionada en una disputa que se produjo entre las fuerzas de orden público y la ciudadanía durante la práctica de una diligencia de lanzamiento.
CARTA DE CCOO DIRIGIDA AL CONSEJERO
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Además,el personal empleado público de la Administración de Justicia obligado a ejecutar los lanzamientos se ve sometido en materia de salud laboral a factores de riesgos psicosociales extremos, catalogados por las propias administraciones públicas en multitud de documentos y normativas. Padecen un conflicto psicosocial al tener que llevar a la práctica actuaciones que consideran manifiestamente injustas y fácilmente evitables lo que puede influir negativamente en su salud.
Por último, se añade el “riesgo físico de agresiones por parte de ciudadanos y ciudadanas lógicamente indignadas que no siempre pueden discernir entre la ley y su ejecutor y que pueden pagar su justificada desesperación con la persona mensajera que no tiene más remedio que llevar a la práctica las resoluciones judiciales so pena de incurrir en faltas disciplinarias o incluso en delito”. Este riesgo físico se ha consumado, al menos en una ocasión, en el pasado mes de diciembre, cuando una funcionaria del Servicio Común de Notificaciones y Embargos de Sevilla ha resultado lesionada en una disputa que se produjo entre las fuerzas de orden público y la ciudadanía durante la práctica de una diligencia de lanzamiento.
CARTA DE CCOO DIRIGIDA AL CONSEJERO
