Y todavía alguno y alguna entenderán la "modélica" gestión económica del PP en estos casi ya cuatro largos años. Cuatro años de despilfarro, corrupción, y alegría, mucha alegría para ciertos bolsillos, que hasta se permitían celebrar sus sucios negocios con "volquetes de putas".
En el siguiente artículo se puede observar cómo es muy fácil llevar a la ruina a un país a base de nefastas, sucias y opacas ¿gestiones...? Pero lo más grave es que aún no conocemos dónde está la responsabilidad política y penal de la expresidenta del Gobierno de la CAM, dónde está todo ese dinero que ha desaparecido por arte de magia de las cuentas públicas...?, es decir, nuestro dinero.
Todos y todas conocemos ya las tramas de la Gürtel, la Púnica, etc., etc., etc., que han servido para enriquecer al bando popular y sus amiguetes, a la vez que arruinaban a la ciudadanía madrileña, la cual iba perdiendo sus casas, sus trabajos, la sanidad, la educación, la dependencia, es decir, los servicios públicos que son nuestros.
Valga como ejemplo de la "magnífica" gestión del PP en Madrid, el siguiente artículo sobre la Ciudad de la Justicia.
VÍA EL PAÍS.- El Gobierno de la expresidenta Esperanza Aguirre despilfarró 105 millones de euros en la que iba a ser la ciudad judicial más grande del mundo, tal como ella lo pregonó en 2007 al poner la primera piedra. Campus de la Justicia, una firma 100% del Gobierno regional y creada para levantar esa megaciudad, fue finiquitada en julio de 2014 sin cumplir ninguno de sus objetivos, tras nueve años de funcionamiento. A su cierre, esta sociedad pública ha dejado un patrimonio neto de 25.082.339 euros, del total de 130 millones que le inyectó la Comunidad de Madrid, según documentación en poder de El PAÍS.
Los 105 millones gastados inútilmente en este faraónico proyecto (la diferencia entre lo salido de las arcas públicas madrileñas y el patrimonio neto actual del Campus) han ido a parar a un saco roto sin fondo ni provecho. Según se desprende de la citada documentación, el dinero se ha gastado en auditorías y más auditorías (70.000 euros), en abogados, en gestorías que cobraban por minuto de trabajo cuando solo quedaban dos trabajadores, a razón de 33 euros la media hora). Y también en resarcir diseños de proyectos arquitectónicos no consumados (por ejemplo, el del británico Norman Foster, al que ha habido que abonar 10,6 millones del total de 13 millones que reclamó por proyectar dos idílicos edificios judiciales de los doce ideados). A Foster se le ha pagado esa cantidad pese a que el Campus no encuentra el contrato que en su día firmó Aguirre con él.
Otros millones se han ido en pagar a constructoras que habían suscrito contratos para (salvo una) acometer obras no realizadas, 27.327.413 euros. En esta cantidad se incluyen además 6,4 millones de indemnizaciones a proveedores decretadas por jueces tras pleitos con la Comunidad; otros 11,4 millones por rescisiones anticipadas de contratos; dos por pago de intereses y al menos otros cuatro por lucro cesante. Los únicos pagos, del total de 130 millones en gastos, por obras realizadas ascienden a 17,3 millones.
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