CCOO denuncia la falta de transparencia de la Comunidad de Madrid
CCOO justicia denuncia que el gobierno de la Comunidad de Madrid viene manteniendo una intolerable falta de transparencia en relación con las asignaciones de dinero público que destina a la administración de justicia, prueba de ello es el pago por tareas de asesoramiento, a jueces, fiscales y secretarios judiciales, que realiza una empresa privada pero por orden de la consejería de justicia.pero por orden de la consejería de justicia.
Las noticias aparecidas en el diario El País sobre que la Comunidad paga a jueces, fiscales y secretarios judiciales, a través de un empresa privada, por asesorar en aplicaciones informáticas, son la demostración de cuáles son las prioridades del Ejecutivo Regional en la Administración de Justicia y, más allá, de la opacidad y las maniobras con las que maneja el dinero público o los resortes legales para cuidar de sus intereses, no de los derechos de la ciudadanía madrileña.
Ese tipo de prácticas dañan credibilidad en la independencia del Poder Judicial, más aún, tratándose de una Comunidad Autónoma en la que su Presidente, Ignacio Gonzáles (sucesor de Esperanza Aguirre de cuyos gobiernos fue Vicepresidente) y su consejero de Justicia, Salvador Victoria , nunca ha aceptado reunirse con los representantes de los trabajadores de la Administración de Justicia sobre los que tiene competencias (a pesar de las duros recortes que han venido aplicando) y, en cambio, sí ha venido manteniendo frecuentes relaciones y encuentros , con representantes de jueces, fiscales o secretarios judiciales.
CCOO denuncia que el Gobierno Regional, mientras manifestaba su intención de devolver al Gobierno Central las competencias de la Administración de Justicia, ha deteriorado muy gravemente su funcionamiento y las condiciones labores de sus trabajadores. A pesar de que la crisis económica ha desbordado los juzgados mercantiles , civiles, sociales, penales y todos los de los Partidos Judiciales de la periferia , eliminó 550 empleos; recortó drásticamente las dotaciones para medios materiales y tecnológicos y para el mantenimiento y cuidado de las sedes judiciales; continuó con el desprecio a los derechos de los trabajadores, realizando todo tipo de maniobras para incumplir los Acuerdos firmados y, entre otros, para aplicar unos recortes salariales que han supuesto la pérdida acumulada de casi un 30% de retribuciones.
El sindicato alerta sobre la gravísima falta de voluntad política desde el Gobierno de Ignacio González por mejorar la Administración de Justicia madrileña , más allá de los proyectos, siempre coincidiendo en campaña electoral, sobre la Ciudad de la Justicia de Madrid. Y afirma que es inaceptable que, hoy, las dotaciones de personal en los órganos judiciales madrileños obedezcan, en buena parte, a los buenos contactos de los responsables de los juzgados o de la Fiscalía con la consejería de Justicia.
Además CCOO sigue denunciando la ocultación de información detallada de las asignaciones presupuestarias que se destinan a la Administración de Justicia las cuales siempre se definen en conceptos genéricos de muy difícil control político o sindical
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Ese tipo de prácticas dañan credibilidad en la independencia del Poder Judicial, más aún, tratándose de una Comunidad Autónoma en la que su Presidente, Ignacio Gonzáles (sucesor de Esperanza Aguirre de cuyos gobiernos fue Vicepresidente) y su consejero de Justicia, Salvador Victoria , nunca ha aceptado reunirse con los representantes de los trabajadores de la Administración de Justicia sobre los que tiene competencias (a pesar de las duros recortes que han venido aplicando) y, en cambio, sí ha venido manteniendo frecuentes relaciones y encuentros , con representantes de jueces, fiscales o secretarios judiciales.
CCOO denuncia que el Gobierno Regional, mientras manifestaba su intención de devolver al Gobierno Central las competencias de la Administración de Justicia, ha deteriorado muy gravemente su funcionamiento y las condiciones labores de sus trabajadores. A pesar de que la crisis económica ha desbordado los juzgados mercantiles , civiles, sociales, penales y todos los de los Partidos Judiciales de la periferia , eliminó 550 empleos; recortó drásticamente las dotaciones para medios materiales y tecnológicos y para el mantenimiento y cuidado de las sedes judiciales; continuó con el desprecio a los derechos de los trabajadores, realizando todo tipo de maniobras para incumplir los Acuerdos firmados y, entre otros, para aplicar unos recortes salariales que han supuesto la pérdida acumulada de casi un 30% de retribuciones.
El sindicato alerta sobre la gravísima falta de voluntad política desde el Gobierno de Ignacio González por mejorar la Administración de Justicia madrileña , más allá de los proyectos, siempre coincidiendo en campaña electoral, sobre la Ciudad de la Justicia de Madrid. Y afirma que es inaceptable que, hoy, las dotaciones de personal en los órganos judiciales madrileños obedezcan, en buena parte, a los buenos contactos de los responsables de los juzgados o de la Fiscalía con la consejería de Justicia.
Además CCOO sigue denunciando la ocultación de información detallada de las asignaciones presupuestarias que se destinan a la Administración de Justicia las cuales siempre se definen en conceptos genéricos de muy difícil control político o sindical
