ADIÓS DEMOCRACIA ¿HOLA CETA?

Vía Iniciativa Europea contra el TTIP y CETA

En una democracia, el parlamento tiene la última palabra en decisiones de todo tipo. Aunque parece que esto no es así cuando se trata de acuerdos comerciales: una cláusula del  proyecto de acuerdo CETA – entre Europa y Canadá – permitiría la entrada en vigor de gran parte del mismo sin que fuera necesaria la aprobación de ningún parlamento europeo. Este sería el caso del odioso ISDS (Investor State Dispute Settlement) por el que las empresas pueden llevar a los tribunales a los estados, y por el que el interés de las empresas es prioritario respecto del de la ciudadanía.

En este momento, directivos de grandes empresas de toda Europa preparan en silencio la entrada en vigor del acuerdo comercial CETA a través de esta puerta falsa, lo que permitiría al CETA entrar plenamente en vigor una vez que el Consejo de la Unión Europea dé su consentimiento, sin consultar a ninguno de los parlamentos, elegidos democráticamente, de los países de Europa. Esta puerta falsa ha sido recientemente descrita por el Ministro de Economía de Alemania como “perfectamente democrática”.

¿Crees que las cosas no pueden ir peor? Te equivocas, gracias a una frase escondida en la página 228 del acuerdo, los países de la Unión Europea estarán sometidos a demandas judiciales por parte de las grandes corporaciones, incluso si deciden no firmar el CETA ¡durante tres años completos!. En el Artículo 30.8 del acuerdo CETA se afirma que las reclamaciones del ISDS pueden presentarse siempre que no hayan pasado más de tres años desde la fecha de la suspensión o terminación del acuerdo.

Recapitulando: los que toman las decisiones, están actualmente presionando para conseguir la “implementación provisional” del acuerdo CETA. Una vez “implementado provisionalmente”, el acuerdo continuaría estando en vigor para siempre, sin haber sido jamás discutido en un parlamento, ya que no habría una fecha límite para que los parlamentos votaran su implementación.
En resumidas cuentas: debido a la implementación provisional, un acuerdo con consecuencias extremadamente serias para nuestra democracia, entrará en vigor sin ningún debate en instituciones escogidas democráticamente, e incluso si se suspendiera el acuerdo, sus cláusulas más peligrosas seguirían funcionando. Imprimir artículo